"SON LOS POLÍTICOS, ESTÚPIDO, Y NO EL ESTADO": EL PROBLEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL

       No es algo nuevo en nuestra historia. En los últimos meses asistimos a una enconada lucha dialéctica sobre el modelo de estado que nuestro desdichado país debe poner en práctica. En el punto de mira, las autonomías. Estas autonomías, se nos dice machaconamente desde el frente nacionalista, han cumplido su función histórica, y es hora de caminar decididamente hacia el federalismo o la autodeterminación. Del otro lado se nos dice que el estado de las autonomías es una experiencia fracasada, pero por el motivo opuesto: el despilfarro nos ha conducido a una auténtica quiebra económica, y es preciso devolver las competencias delegadas en su día por el estado central a la espera de una mejor gestión de las mismas. La crisis económica remueve las entrañas del estado sin saber a ciencia cierta si este problema se va a solucionar algo cambiando la estructura territorial del mismo.

       Pocos sin embargo inciden en que el problema en España no es la división administrativa del estado ni la aplicación de procesos de mayor o menor descentralización, desembocando en la "solución definitiva" de la independencia o el federalismo. El problema no han sido las autonomías, sino los gestores políticos de las mismas, y naturalmente la propia identidad histórica española. Sobre lo segundo no hablaremos hoy, y sí sobre ese debate más técnico de la gestión política. Decir que las autonomías funcionan peor que un estado centralizado per se es algo estúpido y tiene que ser probado. E igualmente, pensar que la independencia es la llave para solucionar la mala gestión de la crisis es algo igual de descabellado (es más, podríamos decir que la llamada a la autodeterminación es un último ejemplo de una mala gestión de la crisis por las autonomías).

      Pensemos que si la centralización es sinónimo de mayor eficacia, un  país como Italia sería más eficiente que Suiza, y de ninguna manera es así. Bajo esta interpretación, Suiza, con su tradicional división cantonal sería un caos organizativo y despilfarrador. Italia, a pesar de su división regional, está más centralizada que los estados federales o autonómicos del tipo de Alemania o España, sería un ejemplo a seguir y sin embargo figura como uno de los países más corruptos de toda Europa. Por poner un último ejemplo, si España mantenía en la última década un 56% del presupuesto en manos del gobierno central, Alemania estaría cerca con un 63%, repartiendo el resto entre landers y municipios. Países como Suiza o Dinamarca, por distintas descentralizaciones -municipal o cantonal-, contarían con menos del 50% del presupuesto nacional en manos del estado central (1). Es decir, son numerosos los países que cuentan con una administración sumamente descentralizada entre municipios, regiones y el gobierno federal o estatal, y que sin embargo, son sumamente exitosos en la gestión de sus recursos. Queda preguntarnos, qué es lo que ha pasado en nuestro país.

        El secuestro de la democracia en el sistema autonómico.

 Camps, el fracaso de un país y una sociedad entera.

        Con este título, cuatro académicos hablan de la crisis de nuestro sistema democrático, y no es casualidad que como caso práctico hayan escogido la gestión de la comunidad valenciana desde que el PP se ha hecho con el poder allí. Son las autonomías, y no el estado central, el auténtico enfermo político de este país. Nuestra democracia se desarrolla a varios niveles administrativos: el europeo, el estatal, el autonómico y el municipal. Si tuviésemos que evaluar  con una nota la salud democrática en cada una de estas administraciones, el estado autonómico quedaría en un ultimísimo lugar. Los gobernantes estatales han demostrado estar a la altura en sus responsabilidades, hayan estado o no acertados en su gestión. Los gobernantes autonómicos, en cambio, han sido estáticos, inamovibles en sus políticas, y sorprendentemente similares en su gestión, con independencia de la ideología de partido en el poder. La alternancia del poder es mucho menor en las comunidades autonómicas que en gobierno central. Andalucía, Castilla y León o Extremadura apenas han tenido alternancia desde su creación. En Andalucía gobierna la izquierda desde las primeras elecciones autonómicas en 1982, en Extremadura el PSOE se mantuvo en el poder durante más de 25 años, la mayor parte de ellos con holgadas mayorías absolutas; en el caso de la Comunidad Valenciana, la gestión del PP ya es de más de quince años. Más aún, el mapa electoral de la II República, remontándonos al año 1932, nos da una geografía similar a la actual: Castilla y León como un granero de votos conservador frente a Andalucía como reserva de votos de la izquierda.  El electorado español, por otro lado, sigue culpando de los errores políticos al gobierno central, y tiende a ser mucho más benévolo con el gobierno autonómico cuando representa la oposición al poder. Las elecciones autonómicas se siguen entendiendo como votos de castigo al gobierno central, y no como un regulador de la gestión autonómica propiamente dicha.  

        Podría pensarse que esto es normal en cualquier país, pero el problema es que ningún país de nuestro entorno como el nuestro tiene un sistema de distribución de recursos orientado tanto hacia la administración autonómica. El problema no es el mayor número de competencias para hablar de un mayor o menor federalismo, sino de los recursos que mantienen estas autonomías. Si los landers alemanes manejan un 22% del presupuesto estatal global, en España las autonomías manejan más de un 30%.  La consecuencia teórica de todo esto es la siguiente: el estado autonómico maneja un tercio de los recursos del conjunto del estado en nuestro país, y lo hace en manos de unas élites políticas que han estado lejos de reciclarse lo suficiente como para no caer en complejas relaciones de poder, clientelismo y una visión patrimonial del bien público. En palabras más llanas: las administraciones autonómicas son más corruptas y más ineficaces en la gestión del gasto que el gobierno central si aceptamos la fórmula de I = R + IP (recursos + inmovilismo político). Habrá más ineficacia cuanto más recursos dispongamos y menos competencia y movilidad política exista.
        Sin embargo, esto puede darse en cualquier tipo de administración. El origen de la tremenda sensación de ineficacia en la gestión autonómica habría que buscarla en otras variables económicas o sociales. Quizás esta ecuación no habría tenido los efectos devastadores que sufrimos hoy en día, de no haberse dado una coyuntura económica extremadamente favorable para la expansión de prácticas corruptas. La burbuja inmobiliaria fue el último ingrediente de la tormenta perfecta. Puso en manos del estado autonómico y municipal un poder demasiado goloso como para no intentar sacar tajada del mismo. Creación de grandes proyectos, concesiones de obras, especulación con terrenos, planes urbanísticos ambiciosos y un largo etcétera permitieron grandes ingresos anormales a las autonomías (legales eilegales) , que fueron destinados a una inversión improductiva: el mantenimiento de los gobiernos en el poder y el lucro político personal. No resultaría grotesco decir que las prácticas mafiosas más extendidas en España han nacido dentro del estado, y no fuera del mismo, y merced a la expansión inmobiliaria. Los autores del libro El secuestro de la democracia, analizando el caso valenciano, lo entienden de esta forma: 

"Para ello (el control político) resultó esencial organizar el secuestro de la democracia creando una trama delictiva destinada a recaudar ingentes sumas de dinero para el partido a cambio de concesiones públicas (que no excluye el enriquecimiento personal) y a la vez, utilizar recursos públicos para generar una clientela amplia y fiel mediante métodos que se inscriben en variantes "modernas" de patronazgo de partido."  (2)
      
      Es decir, cuanto mayor fuese el proyecto de construcción (por irracional que fuese), mayor iba a ser la partida garantizada por todo el sector de la construcción hacia esa clase política. Había demasiado interés en impulsar obras costosas para obtener comisiones de todo tipo e impulsar el control político de la sociedad.
        Tal vez los autores pasen de largo del hecho de la incapacidad de la oposición para generar una alternativa política coherente y atractiva para el electorado valenciano, pero evidentemente el dinero obtenido permitió engrasar los resortes del poder autónomico. Estos fueron usados masivamente para dinamitar cualquier proceso de regeneración democrática y mantener esta  permanente atonía política. Esto provocó un regreso a relaciones de clientelazgo y votos cautivos que acercarían nuestras democracias autonómicas a los sistemas caciquiles de la Restauración o del populismo americano. Las verdaderas poliarquías con una competencia por el poder mínimamente abierta entre diferentes partidos resultarían irreales en nuestras autonomías.
       Volviendo al caso analizado en la obra citada, resulta llamativo que la Comunidad Valenciana, con unos índices sociales y macroeconómicos desastrosos (la comunidad más endeudada en términos relativos, niveles de desempleo elevados, conviviendo con elevadísimas tasas de fracaso educativo y un sistema sanitario muy ineficiente), el partido en el poder haya mantenido sin demasiado desgaste el control sobre la situación. El éxito en el control de los medios de comunicación, la sociedad civil, y la creación de una identidad colectiva en torno a las grandes obras de construcción o de fiestas populares permitieron enmendar cualquier error en la gestión económica. Esta identidad se construyó atravesando todas las clases sociales, en la que los problemas económicos siempre eran culpa del gobierno central y nunca del autonómico, preocupado por defender "lo nuestro". Los problemas del mantenimiento del estado del bienestar eran cuestiones administrativas, errores individuales o nuevamente problemas del estado central, y no decisiones políticas tomadas por la comunidad autónoma. En definitiva, son más visibles una Ciudad de las Ciencias o un aeropuerto en Castellón que cualquier error más técnico como el fracaso educativo o la relación de camas y pacientes en los hospitales valencianos. 

        Soluciones para recuperar la salud democrática a las autonomías.


Rodríguez Ibarra: 24 años en el poder gracias al populismo.

      Podríamos preguntarnos cómo un sistema populista como este puede funcionar a la perfección en un mundo cada vez más globalizado. Las explicaciones anteriores suenan demasiado maquiavélicas y perfectas para que puedan funcionar en una sociedad tan mudable y cambiante de opinión. Indudablemente funcionó y sigue funcionando en parte por la atonía de la sociedad. El electorado ha sido culpable de este fracaso político, cuando nunca se ha preocupado de la gestión política de su entorno más próximo, y su voto ha estado comprado por prácticas populistas que pueden extenderse a cualquier comunidad autónoma, independientemente del partido en el poder. Los casos de corrupción afectan muy poco al electorado español, mientras que en otros países pueden suponer el fracaso de un proyecto político entero. Nuestra tolerancia a la corrupción es enorme, precisamente porque consideramos que es una lacra que está en todos los partidos y que no puede hacerse nada para eliminarla. El votante de derechas verá con alivio el caso de los ERE en Andalucía o las tradicionales irregularidades del PER en Extremadura, mientras que el votante de izquierdas respirará tranquilo con un libro como El secuestro de la democracia, que elude mencionar en profundidad ni una sola querella judicial de la izquierda por cuestiones de corrupción. Mal de muchos consuelo de tontos, como suele decirse.
      Muy posiblemente no volveremos a tener una coyuntura histórica en la que el poder autonómico vuelva a tener la capacidad de  maniobra que ha tenido en estos últimos tiempos. La burbuja económica en el que se combinó crédito fácil, expansión inmobiliaria y cuantiosas ayudas europeas, no volverá a repetirse en las próximas décadas y sin esos acicates la capacidad de actuación del poder político autonómico se resentirá. Las trabas macroeconómicas que se irán poniendo (un techo de gasto, auditorías regulares del gobierno central etc...) reducirán los disparates de las dos últimas décadas. Sin embargo serán medidas que muy posiblemente serán más efectivas o menos dependiendo de los partidos que presidan el gobierno central y el autonómico. Hay que ser consciente que la política sigue siendo poder, y las medidas meramente económicas no serán suficientes para una auténtica regeneración democrática. Tampoco valen recortes draconianos (nuevamente populistas) si no hay cambios en la legislación más profundos. Por poner un ejemplo: de qué nos vale que una comunidad autónoma prescinda de sus coches oficiales, si no nos aseguran que en otro momento más holgado económicamente pueden volver a cometer el mismo error.  
     Sin pensar demasiado, hay medidas urgentes que podrían estudiarse detenidamente para ponerse en práctica, como las siguientes:

     - Cambios en la ley electoral (basada en la ley D´Hont), que garantice una mayor competencia entre partidos políticos y acabe con los monopolios del bipartidismo. El bipartidismo ha dado estabilidad en el poder, pero a cambio de una osificación de la política.
     - Límites en la permanencia en el poder autonómico y municipal. Los candidatos deberían tener una permanencia en el cargo de ocho años, y comprometerse a una renovación de todos los altos cargos políticos tras ese período.
     - Las listas abiertas. Esto permitiría penalizar a algunos cargos políticos por su incompentencia, implicación en casos de corrupción  etc...
     - Resortes para evitar abusos durante la permanencia en los cargos públicos. Resortes que pueden ser similares a la última enmienda a la Constitución americana aprobada en 1992, por ejemplo.

       No tenemos duda que estas medidas no son utópicas ni reclaman una transformación revolucionaria del estado, como muchos de sus atacantes parecen proclamar. Sin embargo, los partidos políticos mayoritarios no parecen estar muy de acuerdo con ellas. En definitiva, la gestión de la crisis ha sido suya, con la pasividad del electorado que en tiempos de bonanza no alcanzaba a reconocer la pesada sombra que se estaba gestando para esta larga crisis económica. Como mencionamos al empezar este largo post, nuestra crisis tiene poco que ver con las autonomías y la administración territorial del estado, y sí mucho con los políticos que las han regido desde su mismo origen. Las autonomías han venido demasiado grandes para un electorado que todavía está anclado en el centralismo del siglo XX.

(1) VALLÉS, J.M., Ciencia política, una introducción, Madrid 2008   
(2) PIQUERAS, J.M., MARTÍNEZ, F., LAGUNA A., ALAMINOS, A., El secuestro de la democracia, Akal, Madrid, 2011

     

INGER ENKVIST: LA BUENA Y LA MALA EDUCACIÓN

      Hace unas semanas cayó este librito en mis manos y no pude evitar devorarlo con rapidez; lo cual siempre dice algo bueno en un libro, aunque no quiera decir que sea del mismo rigor o calidad. Esta obra de Enkvist es recomendable por su simplicidad y su fácil lectura. También porque sus críticas rozan un sentido común saludable. Hacen bajar de las alturas muchos retos pedagógicos y los invita a afrontar preguntas simples que cuestionan sus éxitos; entre otras, la relación entre el esfuerzo presupuestario del estado hacia la educación y por otro lado sus resultados académicos. O asumir el fracaso de una ley educativa sin echar únicamente la culpa a los agentes de la reforma. La cultura del esfuerzo, la formación docente, el énfasis en la lectura y el reforzamiento de la autoridad del profesorado están en boca de todos. Pero evidentemente esta crítica se hace a costa de simplificar los problemas hasta el extremo.

 

        Enkvist propone una revisión y comparación de los modelos educativos de países de muy distinto espectro ideológico y cultural: las dificultades para la integración de la inmigración en Francia, la cultura del esfuerzo en Estados Unidos, los problemas de la escuela comprensiva en Suecia o España, y naturalmente, los éxitos educativos de los países orientales y de Finlandia, en este último caso, por la importancia del docente, su formación y su autoridad.

       Quizás, a la vista de la autora, la comparación más evidente a nivel internacional haya sido el progresivo distanciamiento educativo entre Suecia y Finlandia, compartiendo ambos países la geografía escandinava, su carácter avanzado y su tradición socialdemócrata. Enkvist (sueca ella misma) entiende su país como un auténtico fracaso educativo: siendo desde los años sesenta el primero en imponer una educación comprensiva, igualitaria y de tendencia fuertemente socialdemócrata, los resultados logrados a largo plazo están lejos de resultar satisfactorios, comparados con el amplio presupuesto educativo con el que cuentan. La falta de esfuerzo, los problemas ideológicos, la situación  acomodaticia del alumno frente a la falta de motivación del profesorado hacen de Suecia un país con resultados relativamente mediocres, comparados con los que obtiene su vecino. En cambio, Finlandia vive una situación frontalmente opuesta. Hace treinta años la educación quedó apartada del debate político y fue encomendada a los técnicos (se supone que pedagogos). Toda la sociedad se percató de la importancia fundamental de la educación para el crecimiento y la prosperidad del país, hasta el punto de convertirla en su ventaja comparativa a escala internacional en términos económicos. Esto se tradujo, en términos educativos, en un reforzamiento de la figura del profesor. El docente se convierte en figura de prestigio social, con un pronunciado reconocimiento de su valía intelectual por parte de la sociedad en general. Quizás la autora conceda más importancia al carácter “autoritario” de este profesor, su intensa formación y la autonomía para dirigir su trabajo sin cortapisas políticas o burocráticas, y no cuente tanto con el dicho finlandés de “poner al alumno en el centro de la educación”, algo con lo que la autora tendría mucho que decir.

        Aparte de aspectos con los que indudablemente podríamos estar de acuerdo, una crítica que podría plantearse a Enkvist parte en nuestra opinión excesiva importancia al influjo político e ideológico sobre la educación, y en especial a los pedagogos, pero no ofrece la misma atención al resto de la sociedad y a los procesos transformadores de nuestra realidad globalizada. Quizás por eso Enkvist sea vista con tan buenos ojos en el ámbito conservador. Pero el fracaso educativo no es solo el fracaso de la escuela comprensiva de raíz socialdemócrata o izquierdista, es el impacto de una sociedad entera que ha cambiado la lectura por la imagen, la comprensión profunda por la mirada superficial y el corta-pega, la cultura dirigida desde un único agente social hacia la diversidad infinita de las nuevas tecnologías, la autoridad paterna por la sobreprotección familiar. Por lo tanto, el acercamiento de Enkvist se puede ver parcialmente sesgado: consiste en engrandecer el fracaso de las nuevas pedagogías de forma injustificada, sin atender a otras causas que no solo explican este fracaso, sino que también justifican por qué se ha de seguir usando parte de esa nueva pedagogía tan supuestamente negativa en el contexto de la globalización como herramientas de trabajo. Da la sensación que Enkvist habla en su libro de un mundo que ha perdido sus valores educativos por una decisión política, y no tanto por el impacto de la cultura de la imagen, Internet o de sociedades globalizadas.  

         En realidad su crítica central aparece ya en libros anteriores de Inkvest, más puramente teóricos. El error de la escuela unificada y comprensiva (de espíritu “socialista”) ha consistido efectivamente en el abuso de la “tabla rasa”, en una ingenuidad socrática de que la pedagogía puede destruir todo tipo de limitaciones económicas, culturales y biológicas y que se traduce en un constructivismo pedagógico (a veces malinterpretado), según el cual es el alumno el eje del aprendizaje, y no el profesor. El intento de garantizar una educación para todos, de carácter obligatorio e igualitario, ha propuesto un programa que no ha terminado con la exclusión de una parte de alumnos con fracaso escolar y que además ha tenido el gravísimo coste de provocar un menor rendimiento general de los alumnos más aventajados. La razón era que este programa de igualdad para que las clases bajas pudieran ascender socialmente ha perdido su eficacia porque ahora son los nuevos “incultos” quienes quedan fuera del sistema, aquellos alumnos cuyas familias no concedieran, por múltiples razones y no solo económicas, la importancia debida a la educación o que sencillamente, por unos factores u otros, no estaban interesados en educarse. Es decir, las sociedades democráticas más avanzadas, desde Suecia hasta España disponíamos de un programa educativo modélico, progresista, igualitario y válido para todos, pero resulta que al final de su trayecto nos hemos encontrado con que aquel colectivo que queríamos educar e integrar se nos ha quedado por el camino. Pero no conviene hacer excesiva demagogia sobre este fracaso. El fracaso presente no disfraza el pasado de algo que fue mejor. Plantear los libros antipedagógicos con una propuesta de contrarreforma no significa mejorar la educación: significa disolver el problema volviendo hacia aquello que también había fracasado por otras razones y que una democracia avanzada difícilmente podría asumir sin críticas. Volviendo al caso de Finlandia –ejemplo perfecto de educación en la globalización-, el éxito educativo basado en la figura del profesor reside en su extraordinaria capacidad docente y no en ser meramente fuente de autoridad establecida. La autoridad está basada en su valía profesional y no en ser una mera representación jurídica de autoridad. Esa formación está configurada para que el alumno pueda ser dueño de su propia educación y eje de su proceso formativo, pero en el que el profesor no sea un mero asistente pasivo, sino la parte más importante del escenario escolar. Algo con la que la autora quizás no esté tan de acuerdo, siguiendo sus críticas más puramente teóricas.

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE BRECHT

 

   Primero despidieron a los albañiles y constructores, pero a mí no me importó, porque no soy constructor ni arquitecto.

    Después echaron a los obreros inmigrantes, y me dio igual, porque yo soy español.

   Luego despidieron a los investigadores y científicos, pero también me dio igual, porque ya investigan otros en América. 

   Después recortaron los médicos y enfermeros, pero no sufrí, porque tengo una sanidad privada.

    Luego recortaron a los maestros y profesores, y no lloré, porque mis hijos han ido a un colegio de pago.

    Después recortaron a los sindicatos, y tampoco me importó, porque yo no vivo de subvenciones.

   Luego despidieron a becarios e interinos, y también me dio igual, porque no trabajo para el estado.

    Después echaron de sus casas a los parados, y tampoco me quejé, porque yo ya he pagado la mía.

    Por fin cambiaron los políticos, pero me da igual, porque mi riqueza no depende de los votos.

    Ahora vienen a por mí, pero ya es tarde para ellos. Mis millones están en Suiza y mis fábricas en China. Que se jodan, como diría la otra.

En tan solo cinco años hemos pasado de comer del ladrillo a tener para comer... ladrillo.

EL AMBIGUO PAPEL DE LA IGLESIA ESPAÑOLA EN LA CRISIS

       A lo largo de nuestra Gran Depresión, distintas instituciones tradicionales de la sociedad española han sido juzgadas y puestas en cuestión de unas formas u otras: monarquía, clase política, sindicatos, banqueros, inmigrantes y otros muchos de una lista que se haría larga. Sin embargo, una institución con un peso social y cultural considerable como es la iglesia, ha logrado mantenerse al margen de debates ácidos y erosionadores de la imagen pública. No quiere decir que no haya firmes partidarios y detractores de la posición de la iglesia en nuestros días. Muchos individuos (habitualmente de tradición cristiana) por una lado, juzgan de manera positiva la inmensa tarea social que realiza la iglesia y las ONG vinculadas a la misma, para frenar el impacto de la crisis entre los más desfavorecidos a través de comedores sociales y servicios sociales básicos. Hoy en día 2.7 millones de personas en nuestro país se benefician de esa labor. Pero por otro lado, otra parte de la sociedad (menos sensible religiosamente) percibe que la iglesia como institución está siendo una de las menos atacadas por la crisis, y que incluso está aprovechando la coyuntura para confirmar su poder y ratificar sus privilegios. La exención del IBI, el mantenimiento de su situación fiscal en el que sus ingresos apenas han sido tocados, o su posición en el contexto educativo con la escuela concertada, por poner algunos ejemplos, causan la sensación de que la iglesia, lejos de perder, ha sabido mantener su cuota de poder en el conjunto de la sociedad española.  De aquí se revela la inquietante pregunta que podemos hacernos al criticar a la iglesia: si es la iglesia como institución lo suficientemente crítica en el ámbito teórico y político con la crisis. Parece más que nunca que la comunidad cristiana -aquella que mantiene su compromiso con las ONG y la que verdaderamente sustenta la labor social católica- está al margen de la institución en sí -aquellos que se benefician de unas políticas estatales y que mantienen una posición neutral en el campo de la crisis-, y que solo mantienen su unión por una visión escatológica de la realidad y la idea de que cualquier enfrentamiento interno debe evitarse. Este tema clásico de la sociología de religiones mantiene todo su vigor en nuestros días y la misma etimología de la palabra "iglesia" contribuye a esta tensión.

      La jerarquía eclesiástica ha mantenido una actitud prudente -excesivamente prudente, para muchos- a la hora de explicar y criticar la actual situación económica. Lejos de sumarse a ninguna reivindicación pública contra las injusticias de la crisis, la iglesia ha mantenido sus reservas a la hora de apoyar estas peticiones, salvo en comunicados alejados de la furia ácida de hace poco tiempo. Muy lejos quedan las manifestaciones contra el aborto y en defensa de la familia de los años pasados y nuevamente uno tiene la sensación que esa gente que se manifestó entonces se queda ahora en su casa porque la crisis no va con ellos. Para alguien que no tenga un sustrato cultural religioso, da la sensación incómoda que la iglesia se ha vendido a la mano que le da de comer. Al igual que los sindicatos, la jerarquía eclesiástica mantiene relaciones complejas con el estado, pero a diferencia de los primeros, ha sufrido menos erosión en su imagen, muy posiblemente porque los sindicatos no cuentan con la comunidad de base que sí dispone la iglesia y que está haciendo un trabajo social importantísimo. Eso le permite a la iglesia, de forma algo retórica, acorazarse contra cualquier crítica hacia sus poderes, al poner ese trabajo social por delante. Después, a ojos del sector crítico, no duda en machacar internamente a aquellos que hacen el "trabajo sucio", mantenerlo alejado de la toma de decisíones importantes y marginarlo en cualquier reparto de poder.  

       Dentro de la institución, las organizaciones más críticas tienen una repercusión social limitada casi a círculos intelectuales o a grupos comprometidos socialmente en el ámbito de las ONGs. El impacto mediático de asociaciones como la Juan XXIII o las publicaciones de Cristianismo y Justicia es rídiculo comparado con los grandes canales de comunicación de la iglesia manejados por el Opus o la Conferencia Episcopal (la revista Alba, la cadena Cope o el canal 13) y sus relaciones muy fluidas con grupos conservadores como Intereconomía o el grupo Vocento que integra ABC. Es lógico que el punto de vista ideológico que exhibe la iglesia sea definido como conservador o ultraconservador. Es decir, la solución a la crisis bajo ningún concepto pasa por una revisión o cuestionamiento de nuestro sistema político y económico. Los obispos han llegado a hacer rídiculas y bochornosas explicaciones de la crisis vinculándola con políticas de género, y reducen siempre la crisis económica a una mera crisis de valores espirituales, como si el mundo material (desde el precio de las materias primas hasta las regulaciones sobre un sistema financiero) no tuviesen importancia a la hora de explicar una crisis de nuestra envergadura y no pudieran poner en cuestión un sistema económico que tarde o temprano (es cuestión de décadas), caerá o tendrá que reconvertirse profundamente.  

       La iglesia y el miedo al cambio: status quo vs. utopía. 
 

      Conviene preguntarse si todo lo dicho es algo nuevo en la iglesia (como institución) o si realmente seguimos un patrón de comportamiento que ha sido el dominante en su larga historia. Conviene recordar que desde sus mismos inicios, la iglesia nunca ha tenido pretensiones de modificar una sociedad a nivel institucional y siempre ha buscado adecuarse a las coyunturas cambiantes. El episodio del tributo al César de los evangelios inicia esta tendencia. La Ciudad de Dios de San Agustín también tiene ese fin último: desvincular a la iglesia de la muerte del imperio y abrirla al feudalismo. Los tres órdenes de Adalberón o la Paz de Dios medieval son formas de justificación feudal. El catecismo tentrino o la misma Inquisición serán mecanismos puestos al servicio de la monarquía absoluta.  La lista es bastante larga para detenernos en cada caso histórico. Casi todas las luchas que ha justificado la iglesia a nivel político han sido para preservar un status quo y nunca para cambiarlo: justificar el poder del imperio romano, preservar un orden feudal, mantener una sociedad de Antiguo Régimen, el absolutismo o las diferencias de clase de la sociedad industrial. La preservación del status quo ha sido tan importante que ha estado por encima de cismas religiosos. Conviene no olvidar que cuando los anabaptistas alemanes del siglo XVI iniciaron una revuelta social con justificaciones religiosas, protestantes y católicos olvidaron sus diferencias para destruirlos sin piedad. Todo esto justificó la crítica de la Izquierda Hegeliana, cuando denominó la religión como ideología puesta al servicio de las clases dominantes o directamente como "opio del pueblo". No se equivocaban en absoluto y su crítica se podría prolongar hasta la segunda mitad del siglo XX para los países católicos como la España franquista, la Irlanda de De Valera, el Portugal  salazarista o las dictaduras latinoamericanas.
       Ciertamente, nadie cuestiona que el carácter asistencial de la iglesia nunca se ha perdido en la historia, en forma de comedores, orfanatos y ayuda a los sectores más desprotegidos, incluidos aquellos alejados del orden moral de la iglesia como la prostitución. Pero el precio a pagar por esta caridad ha sido alto: la sumisión al poder político y el respeto del orden social establecido. En definitiva, una visión bastante a la Durkheim, en el que la institución religiosa tiene una función cohesionadora  de la sociedad y a lo Marx, en el que esta actúa como justificación de lo dado y como desactivación de cualquier amenaza revolucionaria. Tan solo cuando la iglesia ha estado en minoría o pseudoclandestina, como en Polonia o actualmente en Cuba, o cuando formaba parte de una identidad cultural perseguida, como en el proceso de independencia de Irlanda, se ha vuelto contra el poder establecido y ha sido motor de cambios sociales y politicos.
      Por contra, el horizonte utópico de la religión se ha mantenido al margen de la institución, rozando o cayendo directamente en lo herético y siendo perseguido y destruido. Desde Joaquín de Fiore hasta la teología de la liberación el mesianismo y la escatología han sido vistos con malos ojos. Resulta esclarecedor que aquellos que revitalizasen ese horizonte de utopía en la religión cristiana hayan sido marxistas agnósticos, como Gramsci o Horkheimer, propiciadores a su vez del elemento utópico e inconformista del Concilio Vaticano II o de la posición de una parte importante de la iglesia católica en la Transición. Muchas de las realizaciones positivas que ha dado la iglesia en la historia han sido logradas gracias a comunidades de base que encontraron problemas a veces con la propia institución, desde los movimientos mendicantes del siglo XIII hasta la teología de la liberación.
 
        La iglesia en la lucha de reivindicaciones políticas.
 

        Este complejo panorama permite ver que desde sus más primitivos inicios, la institución de la iglesia muestra ese problemático doble rostro frente a los conflictos sociales. Y es quizás algo inevitable: más allá de su supuesta santidad (que evidentemente solo comparten los creyentes), es su rostro más humano y corrupto. Si vamos a los escritos de los fundadores, las cartas de San Pablo dan una ambigua posición frente al esclavismo, mucho más suave que la que por ejemplo ofrecía el estoicismo de Séneca en su misma época. Por un lado, proclama continuamente que todos los hombres son iguales en Cristo. Pero por otro lado, devuelve un esclavo fugado a su amo y concede a las mujeres un papel secundario en la organización de la iglesia. Tres siglos más tarde, San Agustín ratificará las posiciones esclavistas de su época. Luego, la iglesia tardará 1200 años en involucrarse en un debate político a favor de la abolición de la esclavitud con la disputa sobre las Indias iniciada a partir de Montesinos, Las Casas, Soto o Vitoria. A pesar de la lentitud, la iglesia llegó a tiempo al debate de la esclavitud para poder asegurar hoy en día que algunos de los primeros abolicionistas del mundo fueron los frailes indianos de la Escuela de Salamanca. Pero en otros conflictos ha perdido definitivamente su oportunidad histórica. Preocupada por la igualdad en Cristo, no dudó en mantener la desigualdad de los hombres ante la ley, y fue superada por los ilustrados de la Revolución Francesa cuando se abolió el Antiguo Régimen. En la lucha por la igualdad entre sexos o contra la injusticia social la iglesia ha sido la gran desaparecida durante mucho tiempo. Preocupada por cuestiones eminentemente éticas que afectaban al individuo o a la familia, dejó todo debate social cuando este suponía un desorden y un cuestionamiento de la autoridad. Solo así se explica el escaso impacto de los movimientos obreros cristianos impulsados desde el Vaticano I a finales del siglo XIX.   

      Esto no significa, bajo ningún modo, que el cristianismo no haya sido un revulsivo cultural contra la esclavitud, o en la lucha contra la exclusión social. Una cosa es que la institución haya sido eminentemente conservadora en la historia y otra muy distinta que el sustrato cultural cristiano no tenga un matiz reformista y crítico con la sociedad establecida. La idea de la igualdad en Cristo ha mostrado su poder en muchas ocasiones a lo largo de la historia. La cultura cristiana atemperó costumbres bárbaras y atroces de la antiguedad o la Edad Media. La democracia americana no se entiende sin su sustrato religioso protestante. Igualmente la cultura cristiana tuvo un papel importante en la creación de los partidos democristianos de Holanda, Alemania o Italia o los partidos socialdemócratas escandinavos que ayudó a  fortalecer las democracias y el consenso social en estos paises. Lo que queremos decir aquí es que cuando la institución eclesial -especialmente católica- era predominante en la mayoría de los casos permaneció en silencio o ha alzado su voz muy débilmente contra las injusticias. Y esto ha sido así desde que la iglesia recibió el espaldarazo del estado desde la época lejana de Constantino y Teodosio hasta el fin de la dictadura franquista. Es decir, el problema nuevamente oscila en las relaciones de poder nunca superadas entre la iglesia, el estado y la sociedad civil en los países católicos.

     Soluciones: más liberalismo político y menos liberalismo económico.

     La solución es simple pero difícil y pasa por dos aspectos: en primer lugar debe romper todos sus lazos con el estado e intentar autofinanciarse en la medida de lo posible: esto indudablemente le daría una capacidad de crítica que hoy se guarda bastante de usar activamente, excepto cuando le interesa. Por otro, tiene que prestar atención no solo a las demandas de los grupos privilegiados de la sociedad civil (buscadores de identidad religiosa y de pertenencia a una comunidad), sino también a las de otros grupos sociales (que demandan un mundo más justo, y no tanto caridad como derechos). La caridad no se puede convertir en un recurso permanente que silencie la necesidad de justicia social, en el que a fin de cuentas el estado es el único que puede garantizar su cumplimiento igualitario, y no la iglesia por muy poderosa que sea su capacidad asistencial. 
        Es en este punto en el que se intuye una tenebrosa relación posible entre el liberalismo económico y la iglesia católica: cuanto más debilitado esté el estado y más definitiva sea la crisis social, más importante será la asistencia de la iglesia dentro de la sociedad civil y su papel de cohesionador social. Esto, a cambio otra vez de volver a un retrógrado estado de cosas en el que la asistencia social se haga a cambio del silencio político y de la evaporización de la utopía. Para algunos defensores de la actual coyuntura de la iglesia, este es el único marco ideal posible en el contexto de la desaparición del estado del bienestar y el intento de crear una sociedad civil fuerte sustitutiva del estado. Para estos autores (lógicamente liberales conservadores) el proceso es irreversible y la asistencia de la iglesia se convertirá en una fuerza cohesionadora de la sociedad, como lo fue en los tiempos del absolutismo y durante el estado liberal del XIX o de otra manera más suave, en los Estados Unidos. Pero para otros muchos (evidentemente progresistas de izquierda), esto no es más que un canto a la resignación política, la aceptación de las penurias económicas  y la sumisión social. El complicado lema por el que parecería apostar la iglesia de hoy sería dar, oir y callar. La caridad y la limosna del rico (como las donaciones de Amancio Ortega) en lugar de derechos básicos que nos pertenecerían por derecho propio y no por lástima. Entre un extremo y otro existen muchos puntos intermedios, y la iglesia tendrá que decidir de una vez hacia dónde oscila la balanza.