¿ESCUELA PÚBLICA O CONCERTADA?

 

Dentro de los muchos combates políticos que hoy en día se libran en el campo de la educación en nuestro país, hay uno especialmente que levanta ampollas y malentendidos: el concepto de “la educación pública” en nuestro país. Resumiendo lo máximo posible este enorme embrollo, los sectores progresistas defienden una educación pública (y por supuesto, laica) como única forma de conseguir una educación sin discriminaciones y universal. Por el contrario, los sectores más conservadores defienden la coexistencia de la educación pública y concertada, amparado en la libertad de las familias para elegir centro y su ideario y en la mayor rentabilidad económica de la escuela concertada. Los primeros acusan a la educación concertada de extraer valiosos recursos económicos que podrían ir destinados al sector público educativo, beneficiando de esta forma a centros ubicados mayoritariamente en zonas sociales de clase media o alta. Los segundos, acusan a la primera de una caza de brujas ideológica y de recortes presupuestarios abrumadores que hacen inviables económicamente muchos centros.

Intentemos liberar lastre ideológico del debate. Tenemos que  distinguir, en primer lugar, entre fines y medios. La “defensa de una educación pública” parte del hecho de la defensa del derecho fundamental de la educación universal, pero en realidad esta cuestión no tiene nada que ver con defender un modelo de gestión estatal, privada o mixta, es decir, cómo aplicar ese derecho social. La gestión puede ser variada, aunque tengamos un mismo fin, que es precisamente la defensa de ese derecho. El hecho de que quien administre un servicio público –como la educación-  no sea necesariamente un funcionario vitalicio ni esté gestionado directamente por la administración pública no quiere decir que tenga que ofrecer un peor servicio, menos eficiente o más excluyente. Dentro del eterno debate entre liberales y socialistas sobre el dilema de optar entre una gestión pública o externalizada de un servicio, no estaría mal evitar cierto corporativismo, presente en prácticamente todos los sectores públicos de nuestro país. Hemos confundido la defensa de unos derechos laborales dignos con la exclusividad que tiene ese grupo para ejercer su trabajo y su carácter intocable por el bien público que dice representar. Esto es cuanto menos cuestionable, y vemos en los tramos de la educación superior en nuestro país que tiene resultados auténticamente perversos. 

Así que es un dogma cuestionable que el derecho a la educación deba pasar por una gestión directamente estatal. No hay que olvidar que algunos de los sistemas educativos relativamente exitosos en Europa pasan por una gestión privada o concertada (pagada con dinero público, lógicamente), pero en el que el estado tiene resortes legislativos capaces de evitar cualquier tipo de discriminación o exclusión social. Evidentemente Holanda tiene sus problemas educativos, pero no podemos decir que sea una educación fracasada. Con la mitad de su educación pública basada en conciertos con empresas privadas (no religiosas, en su mayoría), su descentralización permite dar autonomía a los centros que les permite a su vez adaptarse mejor al medio social y tienen una mayor libertad para hacerse con el personal más adecuado para el trabajo. Si esto ocurre en Holanda o en Bélgica, ¿por qué no puede ocurrir en el nuestro?

La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla. Por desgracia, nuestro país cuenta con losas históricas que pesan mucho y que explican la acritud de este problema. Durante décadas, la educación estuvo en manos de religiosos (otro pesado legado del franquismo). Esta injerencia de la iglesia en el sector educativo fue vista por el sector progresista de la sociedad como ideológicamente nefasto, puesto que promocionaba unos valores conservadores que había que eliminar o que no son compatibles con la sociedad moderna. Hoy en día, todavía asociamos esa educación concertada con una educación conservadora, elitista, necesariamente religiosa, y cada cierto tiempo debates polémicos (como la separación por sexos, o las clases de religión) no ayudan a superar este problema. Con cerca de un 60% de la educación concertada en sus manos, el debate otra vez se hace más ideológico, y menos objetivo.

Pero dejemos la puerta abierta a pensar de forma diferente. Hay posiciones intermedias que pueden arrojar luz sobre el asunto. Pensemos en otro referente educativo, sobre todo en materia de profesorado: Finlandia. Allí la educación pública es prácticamente del 100%, pero ese carácter público dista bastante del nuestro. La educación está descentralizada, los ayuntamientos son los gestores de los centros y no el estado, y lo que es más llamativo: el profesorado que trabaja en ella no lo hace bajo el status del funcionariado. Los profesores finlandeses se mueven por objetivos y su trabajo es revisado anualmente, su movilidad laboral horizontal es considerable y en consecuencia son evaluados y amonestados si no cumplen con su trabajo.  No existe un sistema de oposiciones y el ayuntamiento y los centros son libres de contratar al personal educativo, aunque evidentemente no de forma arbitraria. Esta movilidad no implica unas condiciones laborales negativas. La carga lectiva de los profesores finlandeses no es muy grande (precisamente con la intención de preparar adecuadamente sus clases), sus salarios son dignos y sobre todo, gozan de una enorme estima social. Me pregunto si los defensores de la educación pública en este país estarían de acuerdo con aplicar estas medidas en nuestro país, pero, dada la reticencia a evaluar al profesorado que tenemos en España, me temo que no. Pero esto es tema para otro artículo. 

En definitiva,  con todo esto no quiero decir que la educación concertada tenga que ser defendida a cualquier precio (pensar así resultaría otro corporativismo igual de refutable que el anterior). Pero sí que hagamos el debate menos oscuro. En todo caso, hay un punto de partida para este problema y que haría más transparente el asunto en términos reales. Habría que buscar en las dos partes la omisión de dos prácticas que contribuyen a enturbiar –y mucho- este debate:

     a)   La administración pública, independientemente de su ideología política, debe garantizar un trato igual a centros públicos y concertados, teniendo lógicamente en cuenta las necesidades educativas y el entorno social de cada centro. Muchas veces el color político de un gobierno autonómico decide la viabilidad económica de muchos centros.

       b)   Los centros concertados deben rechazar cualquier forma de tasas obligatorias para determinadas actividades o de donativos privados voluntarios provenientes de los padres de alumnos. La mera existencia de estos donativos complica la transparencia de estos centros de cara a la sociedad y a la propia administración.

Y este es el pez que se muerde la cola. Muchos centros concertados denuncian la falta de medios asignados por la administración pública, y la necesidad de estos donativos para sobrevivir. La administración, por otro lado, esgrime el carácter elitista de estos centros, cuando lógicamente no todos los padres pueden costearse estos servicios pagados con estas tasas, ya sean voluntarias u obligatorias. Después cada centro concertado tiene su propia dinámica que casa o no con este planteamiento general, pero el debate pasa por superar este círculo vicioso. Solo empezando por aquí, podríamos empezar a debatir la necesidad o no de una educación concertada, sus pros y sus contras (mayor o menor eficiencia, libertad de padres para decidir centros, libertad de ideario, selección del profesorado, gestión autónoma...). Después el debate, como no, queda abierto, pero al menos con aguas más claras y no convertidas en un auténtico lodazal como están ahora mismo.