R.I.P. POR EL ESTADO.

Estamos ante una paradoja: una crisis originada en el mal funcionamiento del sistema financiero capitalista se salda con el déscredito más absoluto del estado como gestor de la crisis.

Esta paradoja no deja de asombrarme por lo extendida que está. Con cualquier persona que hablo últimamente, no duda en señalar al estado del causante de la crisis. "La culpa es de Zapatero", es la muletilla general, "Nos ha arruinado", dice otro. "Un desastre", vocifera la mayoría. Por unas razones o por otras, este pobre desgraciado, un estadista mediocre que no está a las alturas de las circunstancias, y que posiblemente se siente atado de pies y manos para cualquier medida económica relevante, se convierte en nuestro chivo expiatorio nacional. Y a él le podemos añadir los nombres de Gordon Brown, Merkel, Sócrates y otros muchos de diferentes ideologías políticas y que posiblemente han hecho una gestión aceptable de la crisis. Ni si quiera para ellos se plantean el término algo más moderado de perpetuador o mal gestor de la crisis económica. La culpa de la crisis la tiene ahora el estado irlandés, español o griego por haber caído en un tenebroso déficil público que ensombrece ahora la recuperación del futuro. Es más fácil acusar a una persona o una institución tangible, que a los invisibles flujos especulativos de capital que circulan por Internet de bolsa en bolsa, o a las plusvalías inmorales de nuestro ex-boom inmobiliario. El impersonal y todopoderoso sistema económico se ha salvado, una vez más -y por ahora-, de su auténtica remodelación.    

Nubarrones sobre nuestra economía.

Cuando el descrédito más absoluto debería recaer sobre los gurús de la economía neoliberal de los últimos años, es sin embargo, el estado y el sistema político sobre el que se depositan las críticas más gruesas y duras. El repudio al neoliberalismo de los primeros tiempos de la crisis se extinguió bien pronto, en cuanto unas pocas señales de la recuperación llamaron a las puertas de la economía. Si el estado salvó el mundo financiero de una sucesión de críticas, ahora se apunta con el dedo acusador a ese mismo estado como perpetuador de la crisis, motivado por un fuerte endeudamiento público y políticas sociales que siempre son poco flexibles y muy costosas. Las viejas tesis "marxistas" de Klaus Offe y Habermas sobre la crisis de legitimidad del estado social expuestas en los setenta resucitan de repente ante el panorama actual. El coste de la crisis recae sobre la legitimidad del sistema político, no en el sistema económico. Y esta deslegitimación golpea con más fuerza, y no sin cierta paradoja, precisamente en la socialdemocracia defensora del estado del bienestar.

Mi amigo Helí Ovalle definía muy bien esta paradoja con lo siguiente: el déficit público ha sido consecuencia de la crisis, y no su causa inmediata. Ahora se nos quiere vender la ecuación contraria. El estado se ha endeudado en el salvamento de un sistema financiero podrido para evitar su colapso total, y por otro lado, en el gasto que suponen los resortes automáticos de un estado de bienestar con prestaciones de desempleo y otras ayudas adiccionales. Por fortuna para nosotros, es gracias a ese endeudamiento maldito que la crisis económica no ha tenido -todavía- las dramáticas repercusiones sociales de la depresión de los años treinta. Naturalmente, se pueden pedir cuentas al estado sobre las dimensiones del déficit y su gestión, las medidas de reactivación económica con gasto público al más puro estilo keynesiano y su ineficacia para incentivar un cambio en el sistema productivo. Esa es la parte de la crisis que se puede acusar directamente  al estado. Pero no conviene equivocar, como hemos dicho, la causa con el efecto. 

Consecuencia: la crisis la pagará el estado a través de sus contribuyentes directos. Los desmanes del sistema financiero, el fracaso de un modelo productivo (en el que todos estamos implicados, no solo el estado)  y los costes sociales se han ido a los impuestos directos e indirectos del ciudadano de a pie. Y en nuestro caso, para empeorar la situación, se detecta ahora que nuestro déficit cero estaba basado en las migajas que había obtenido el estado de las infinitas ganancias del ladrillo. Podría haber soluciones para un paulatino saneamiento del estado: una reforma fiscal progresiva, y una definitiva imposición de impuestos a los capitales especulativos. El problema del primero es que necesita un fuerte consenso social dentro de un país. Y el segundo necesita un consenso internacional para su cumplimiento efectivo: la tentación es demasiado fuerte en los dos casos para los freeriders que van por libre. En consecuencia de esto, lo más posible es que se busquen soluciones liberales a problemas inherentes al liberalismo económico. Más de lo mismo, hasta la próxima recaída.