LOS RESPONSABLES BANCARIOS, A LOS TRIBUNALES

       Este país no solo tiene una crisis económica: sufre una crisis moral de aúpa (y en este momento, se muestra claramente la relación entre una y otra) y no parece que se quiera dar solución.  Ocultar a las auditorías y la opinión pública un agujero de 3000 millones de euros no es cosa de  importancia, una mera bagatela; que el estado tenga que pagar más de 20000 millones para evitar la quiebra de un banco con todos sus inversores por detrás tampoco. Ahora bien, no se te ocurra cuestionar la necesidad de recortar en educación ni sanidad. Los desmanes y corruptelas de políticos, sindicalistas o empresarios del ladrillo quedan en cifras de niños, comparados con esta estafa monumental. Si el estado no actúa pronto, las consecuencias serán imprevisibles. Por poner tres argumentos básicos:

     1. Daños económicos: Si los gestores bancarios no pagan ahora los daños y prejuicios a la sociedad, ¿quién nos dice que no seguirán haciéndolo en el futuro, cuando salen por la puerta de atrás con las espaldas anchas y los bolsillos llenos? Es una cuestión de ideología económica puramente liberal: la mala gestión debe ser castigada por el mercado y apuntillada en los tribunales. Aquí no hay castigo alguno, porque papá estado acude a subsanar los errores de los pobres banqueros ingenuos: ya pagarán los ciudadanos la pésima gestión bancaria.

      2. Prejuicios políticos: Si la clase dirigente no inicia una investigación de la gestión bancaria, ¿con qué pretensión espera que la sociedad siga recibiendo mensajes de ajustes y sacrificios colectivos? Evidentemente, es un hecho que los sacrificios no son para todos por igual. Hay status, clase, jerarquía social. Y por lo demás, la falta de dedos acusadores del campo de la política muestra una complicidad malsana, la presencia de numerosos lazos públicos que existieron en esta gestión. Bankia salpica a demasiados políticos que respaldaron a los gestores de la burbuja inmobiliaria.

     3. Consecuencias morales: la ausencia de responsabilidad de la crisis da alas a aquellos que piensen que pueden imitar a sus directivos y gobernantes. Es la universalización de la antítesis del imperativo categórico: si mi vecino hace el mal, ¿por qué no he de hacerlo yo? Tonto el último bueno del país, parecen querer decirnos con este asunto.
    Con estos remedios, España se aleja de Europa y nos conduce directamente a América Latina. Jamás el que escribe había tenido la sensación de vivir en un país tan sumamente bananero.  Hay quien dice que no es el momento para llevar a los tribunales a estos responsables: que la situación económica se deterioraría más aún y nuestra credibilidad se cuestionaría aún más. Pienso que estos son cortinas de humo: ¿realmente podemos estar más bajo? ¿Se puede estar peor? Con la ciudadanía puesta de rodillas, secuestrada y amordazada, ni la Eurocopa nos va a animar un poco la cara.

HAY ALTERNATIVAS: UN LIBRO DE LECTURA NECESARIA

          Habitualmente no acostumbro a leer ensayos de lo que antiguamente se llamaba la economía política. Pero algunos resultan casi un deber moral ojearlos y tener una visión alternativa de lo que sucede a nuestro alrededor. Así me sucedió con el Manifiesto de economistas aterrados y con el libro que ahora ha caído en mis manos en la última feria del libro, Hay alternativas. Este ensayo divulgativo de Vicenc Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón propone una reinterpretación de la crisis económica y cómo su verdadera naturaleza ha sido rápidamente tergiversada por determinados intereses económicos y políticos: una crisis del capitalismo global se ha reconvertido desde el 2010 en una crisis de los estados nacionales y de su credibilidad financiera, y con ello, un ataque directo a los derechos más básicos adquiridos en el Estado del Bienestar.

         La crisis, a nivel global y nacional.         Empieza el libro con una explicación de la crisis a nivel mundial para después centrarse en las particularidades españolas. El origen es ya lejano en el tiempo, como no podía ser de otro modo, a partir del giro conservador de los años ochenta hacia un capitalismo desregulado. Desde entonces, el sector financiero cobra una independencia absoluta frente a todo mecanismo de control político hasta el punto que es la economía especulativa y virtual la que se queda con buena parte de los recursos económicos disponibles, mientras la economía productiva encontraba una financiación mucho más escasa. Esto provocó en las últimas décadas la evidencia de que la progresión de las rentas del capital superaban con creces a las rentas originadas del trabajo y estas últimas perdían peso absoluto en el cómputo económico global de muchos países desarrollados, incluidos el nuestro. La situación tenía como contrapartida una economía política basada en la manipulación de la escasez, obsesionada por el control de la inflación, la moderación salarial y la contención del gasto: una situación acorde a las demandas del sistema financiero, deseosas de estabilidad macroeconómica por un lado y provocando por otro circunstancias que permitieran maniobras especulativas altamente lucrativas para un pequeño número de inversores multimillonarios, aún a costa del bienestar general. Mientras la burbuja financiera se mantuvo, fluyó el crédito a la economía real, con tipos de interés bajos y con la idea de que la situación paradisíaca se mantendría eternamente. Sin embargo, la ausencia total de controles volcó el negocio especulativo hacia riesgos que hoy en día nos parecen propios de dementes. Y sucedió.

        Pero la crisis no es puramente sistémica. Ha sido provocada, tanto en su origen –desde el inicio de la desregulación y cuando el sistema financiero tomó las riendas de la economía- como en sus consecuencias –cuando el sistema financiero ha volcado las culpas hacia la mala gestión de los estados nacionales y ha provocado su endeudamiento-. Es decir, existen culpables y responsables de nuestra penosa situación, y estos son los que hoy en día siguen perpetuando la crisis y sacando tajada del mercado, como puede ser a través de la especulación de la deuda pública. El sistema financiero y más concretamente los corredores de hedge funds y los inversores de deuda pública –que el libro sitúa directamente en más de un 80% en la City londinense- actúan como verdaderos tiburones contra la economía real de países enteros todavía hoy, cinco años después de la caída de Lehman Brothers.

         La situación española no hace otra cosa que empeorar la situación. A los problemas financieros se añade un sistema productivo completamente agotado, sin visos de renovación. Aquí se incide curiosamente en la herencia recibida tardofranquista: una élite de 1400 personas controlan el 80,5% de los recursos del PIB español. La democracia no llegó a cuestionar nunca los privilegios de esa élite empresarial que ha venido guiando económicamente el país, anteponiendo sus intereses a los del conjunto de la población. El tejido empresarial es débil y a partir de los noventa se centró en un sistema productivo con activos de muy escaso valor añadido, como pudo ser todo el sector del ladrillo. Por otro lado, el sistema impositivo español es directamente muy poco solidario si lo comparamos con nuestros países vecinos. Si los niveles del IRPF están ya igualados –o incluso superan- al resto de los países de nuestro entorno, el trato fiscal privilegiado para las rentas más altas –eliminación de impuestos de patrimonio, escasa fiscalidad para las rentas de capital, facilidad para la evasión fiscal etc…-. En consecuencia, el coste fiscal de la crisis recae sobre las clases medias, con su paulatino empobrecimiento y el negativo impacto subsiguiente a la marcha global de la economía nacional.
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         La alternativa posible…
        Para enfrentar esta situación el libro acude a un sentido común innegable. Aunque puedan aparecer muchas medidas –al final se exponen nada menos que 115 para cambiar el estado actual de las cosas- aquí destacamos los ejes de su acción.
        En primer lugar, la necesidad de una regulación firme del sistema financiero, que no se resigne a poner parches, sino que exija el máximo control y cambie las reglas del juego. De nada le vale al estado absorber toda la deuda bancaria basada en sus excesos especulativos, si no obliga a una normativa nueva que evite caer en esas contradicciones. Los vaivenes del sistema financiero desde la crisis consiste precisamente en eso: la falta de voluntad política para poner fin a los movimientos especulativos de capital, el escaso control sobre los fondos de inversión, y la persistencia de los paraísos fiscales, donde acaban buena parte de los beneficios obtenidos por bancos y particulares de esta inestabilidad financiera.

        En segundo lugar, una reorientación macroeconómica tendente a estimular la demanda. Frente al suicidio que supone centrar la recuperación económica únicamente en algunos factores de la curva de la oferta (bajos salarios, flexibilidad laboral y recortes del gasto estatal), es evidente que hay que retornar a la demanda para una reactivación real de la economía. De nada nos vale recortar nuestros gastos para ser más eficientes o competitivos si después no nos queda nada para consumir lo que hemos producido.
       Por último, la necesidad de un cambio radical en el sistema productivo que permita un crecimiento sostenible y un incremento de nuestra competitividad. Actualmente nuestros problemas de competitividad solo encuentran en España solución con la flexibilidad laboral y la pérdida de salarios (España fue el único país de la OCDE cuyos salarios reales disminuyeron entre 1995 y 2005; no hablamos ya de lo que ha venido después) mientras que otras medidas son literalmente marginadas o han perdido hueco en la agenda política (aumentar la productividad a partir de I+D+i y no a partir de una mera rebaja del coste laboral). La imposición de estas políticas nos abocan cada vez más a un verdadero estancamiento económico a largo plazo. Esta evidente falta de imaginación, nuevamente, es propiciada por una parte por una nefasta inercia ideológica neoliberal –según los autores- y por el hecho –este real- de que los mejores activos de la economía española han sido privatizados y pertenecen a compañías transnacionales que tienen escaso interés en convertir España en un país con un capital humano cualificado y especializado en la sociedad del conocimiento.

         Y sus críticas…

         Sin embargo, nos atrevemos a formular algunas críticas a esta alternativa atractiva. No tanto a su posición global, sino en lo referente al análisis de nuestro país. En primer lugar, podríamos mencionar algunas omisiones que sin llegar a ser críticas en la posición defendida, al menos permitirían ciertas observaciones. Se pasa por encima cuestiones políticas muy relevantes para la economía española, como puede ser la administración autonómica y sus posibles ineficiencias, -como pueden ser la duplicidad de organismos públicos, la gestión errónea de los recursos disponibles poniendo objetivos políticos más que económicos, costosas luchas políticas derivadas del enfrentamiento entre la administración política autonómica frente a la central-, por no hablar del problema no resuelto del nacionalismo.

        En segundo lugar, el hecho de centrarse en los factores de la demanda para ofrecer un nuevo ciclo de crecimiento no está exento de riesgos. Un mero incremento de la demanda puede traducirse por ejemplo, en un recrudecimiento de nuestro déficit comercial con el resto del mundo (resulta curioso que ese déficit comercial se haya corregido precisamente por motivo de la crisis). Si bien una política de estímulo de la demanda es necesaria coyunturalmente como forma de evitar lo peor de la crisis, no hay que negar que estas políticas abren abismos de deuda si con ese mismo estímulo no realizamos las reformas necesarias para cambiar nuestro sistema productivo: cosa que por otro lado, y como los mismos autores reconocen, es extremadamente difíciles en las condiciones económicas actuales.
      Por otro lado, resulta paradójico hablar tanto de esos estímulos económicos, cuando los mismos autores reconocen que nos encontramos ante el reto de alcanzar un sistema productivo sostenible a largo plazo que implícitamente obligarán a nuevas formas de consumo. No solo el incremento de la demanda traerá tensiones inflacionarias importantes sobre los mercados de las materias primas -apenas aparece esto citado-, el problema es que a medio plazo es que estas soluciones pueden suponer la propia inviabilidad del sistema económico en sí.

       En conclusión…       La situación es extremadamente difícil, pero ni es intocable ni meramente sistémica. Sus responsables tienen nombres de entidades financieras (agencias de calificación y especuladores de la deuda, entre otros), partidos políticos conservadores independientemente de sus siglas (obsesionados con el adelgazamiento del estado), think tanks liberales y medios de comunicación bien conocidos que han tenido –hasta ahora- considerable éxito en desviar la culpa de la crisis hacia el sector estatal, los sindicatos y cualquier organismo regulador de la economía. Al menos una salida más solidaria y menos restrictiva para el bienestar general de la sociedad no solo es posible, sino que se hace cada vez más necesaria para la pervivencia cultural de nuestro continente, tal y como lo conocemos hoy.

¿EXISTE ALGUNA RACIONALIDAD EN LA REFORMA LABORAL?



Grajos en lo más alto de las almenas de Cáceres:
Ver desde las alturas un problema no da más objetividad a
un asunto y sí le puede añadir frivolidad.

       Como el amigo Helí, auténtica conciencia social en la sombra de este blog, no ha dejado de lanzar mensajes combativos en torno a la reforma laboral, vamos a lanzar una última reflexión al respecto. Lejana, distante, sin meternos en vericuetos legales, y desde la comodidad -algo frívola- de la abstracción. ¿por qué decimos que los efectos de la reforma laboral pueden ser cuestionados? Apliquemos variables típicas de la racionalidad instrumental o económica, es decir, la eficacia para alcanzar un fin determinado con los medios más adecuados para hacerlo:

     a) Cuanto más se prolongue en el tiempo, menor eficacia tiene nuestra predicción. La reforma laboral no traerá la reactivación económica que necesita nuestra economía en crisis. Esto es una cuestión que desgraciadamente el gobierno poco puede hacer. Puede intentar poner el tablero en orden, para que los jugadores futuros se sientan más cómodos, pero poco más. ¿Cuándo vendrá esa reactivación? Nadie lo sabe. A corto plazo las reformas actuales profundizarán la crisis. A medio plazo, podemos sufrir estancamiento para años, quizás décadas. Depende de la estabilidad financiera internacional, de la demanda mundial e interna, de nuevas formas de productividad, de explotar nuevos sectores de creación de empleo… El “depende” se puede hacer tan largo, que puede llegar a ser engorroso y humillante para nuestros ingenieros sociales. Mientras tanto, la reforma solo habrá traído ventajas para el sector empresarial, pero es dudoso que este sector sea recíproco en la creación de empleo por la falta de expectativas.

      b) Cuantos más jugadores haya en el tablero económico, menos capacidades tendremos para mostrar nuestras ventajas y nuestro buen juego. Es sumamente ingenuo pensar que mientras nosotros hacemos nuestros deberes, como se nos dice eufemísticamente en las citas internacionales, los demás se chupan el dedo. Otros países superan nuestros problemas con mayor productividad o con leyes más flexibles que nosotros. Pensar que nosotros vamos a ser más productivos que China, Brasil o la India –por poner algún ejemplo- reduciendo el coste de la mano de obra es sumamente ingenuo. Por acercarnos a nuestra geografía más próxima, Portugal e Italia están haciendo los deberes igual que nosotros. La sombra de una “ley de hierro de los salarios”, como preconizaba Ricardo hace dos siglos, vuelve a hacerse presente: no podemos hacer otra cosa, pero eso no nos va a traer ventajas frente a nuestros competidores, ni va a dar más competitividad a nuestra economía. Sencillamente nunca podremos ser competitivos en el mercado laboral si no somos al mismo tiempo productivos en otros aspectos que van más allá del mero coste salarial.

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      c) Cuanto menos transparencia exista en el juego, menos posibilidades de cooperación existirá. Una solución a la crisis habría partido de una mayor coordinación entre los jugadores. Y sin embargo, la propia crisis hace que la cooperación estalle en mil pedazos. Pensemos que esa coordinación parte desde los agentes sociales que firman un convenio laboral hasta los distintos estados que hacen sus maniobras políticas para crear estabilidad internacional. En esta situación de crisis, pone las reglas el que tiene más fuerzas sobre el tablero, llámese el empresariado, Alemania o China, y no tiene por qué atender a las iniciativas a favor de un bien común, sino a las suyas propias. Si a esta situación le añadimos incertidumbre –el no tener reglas comunes compartidas por todos-, tenemos un dilema del prisionero perfecto a escala global. Una escalada de reformas laborales a ese nivel, de asumir el juego de la competitividad tomando a todos por enemigos, creará inequívocamente una sociedad con un mayor número de excluidos sociales.

      En definitiva, queda muy claro que una reforma laboral no va a ser la panacea de nuestra crisis, ni nada por el estilo, si no se acompañan de otras reformas estructurales -y que no pasan por la reducción del gasto-. Quizás incluso ni siquiera sea demasiado relevante, excepto para aquellas partes que tienen mucho que ganar con ella y que lógicamente, tienen interés en hacerla atractiva como una política ejemplar de creación de empleo. Pero dejo a los entendidos que hablen de estas cosas más en detalle. A mí me superan, y cada día me deprimen más.

FALACIAS LÓGICAS EN LA TEORÍA DEL DÉFICIT PÚBLICO

       Tenía mucha razón Mario Bunge cuando hace casi tres décadas no dudaba en clasificar casi toda la teoría económica bajo su despectivo término de pseudociencia: una pura ideología recubierta de complejas fórmulas matemáticas que disimulan unos presupuestos en muchas ocasiones no falsables o completamente irreales. Pero sin necesidad en estudiar modelos econométricos bajo las condiciones inmaculadas de libre mercado, óptimos paretianos y competencia perfecta, no es difícil extraer falacias lógicas en muchos de los discursos políticos que hoy escuchamos en relación con la crisis. Aunque el Sr. Tiburcio sea alérgico a esta disciplina, nos parece una buena herramienta de control de discursos desaforados con pretensiones de verdad absoluta. Veamos algún ejemplo de argumentación inválida en torno a las justificación de la "armonización fiscal" u origen y reducción del gasto público: Un gasto excesivo estatal y autónomico conlleva el déficit público. Si aceptamos lo anterior, la única manera de atajar o limitar el déficit público es recortando dicho gasto.

Afirmación del consecuente

Un gasto excesivo estatal y autónomico implica déficit público. Si existe ese déficit es evidente que es por culpa de ese gasto excesivo. (Si p entonces q. Tenemos q, y por lo tanto, existe p). Frente a la tautología del modus ponens (Si p entonces q, y p, luego q), podemos encontrarnos con que p tiene una explicación que no tiene que venir necesariamente de q. Es decir, este déficit puede venir no necesariamente de un gasto excesivo, sino de una contracción de los ingresos. La realidad más bien indica a que pueda tratarse de una mezcla explosiva de ambos; la ideología liberal, apuntará únicamente al gasto como explicación monocausal, convirtiendo su argumento en una falsa tautología.

Negación del antecedente

Si aceptamos que el gasto estatal implica déficit público, la única manera de atajar o limitar el déficit público es recortando dicho gasto. (Si p entonces q. No tenemos q, y por consiguiente, tampoco tenemos q). He aquí una variación de la falacia anterior. Si la versión del modus tollens es siempre verdadera (si p entonces q, y no-q, entonces no-p), la que aparece en el argumento anterior no es generalizable ni universal. El recorte del gasto público es una posible solución al problema del déficit, pero no la única posible necesariamente. Nuevamente, un aumento de los ingresos puede permitir un gasto determinado sin necesidad de incurrir en un déficit público. La ideología liberal negará esta posibilidad de forma más bien dogmática, asumiendo nuevamente la supuesta universalidad tautológica de su argumentación.

¿TIENE CABIDA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL?

        Recogían los periódicos que los parlamentarios escucharon por sorpresa las declaraciones del presidente cuando habló de hacer constitucional el equilibrio presupuestario. Lo que se suponía que iba a ser otro paquete más de medidas anticrisis, resultó ser una reforma constitucional en toda regla. No han sido los únicos en asombrarse. Que un gobierno moribundo, al que le quedan dos meses de vida, proponga una medida de semejante calado político no puede hacer más que poner los ojos como platos al auditorio general. Curiosamente, que esto lo proponga quien hace una semana condenaba tal medida, ya no supone sorpresa alguna, ante la trayectoria errática de este gobierno, marcada por la inevitable inercia de los acontecimientos económicos e internacionales. 

        Argumentos a favor de un equilibrio presupuestario, pueden encontrarlos con facilidad. Los hay coyunturales, por ejemplo, cuando la ministra de economía decía que era un "mensaje de calma a los mercados" ante la necesidad de financiación del estado. También cuentan los argumentos ideológicos, para aquellos que consideran al equilibrio presupuestario como definidor de la única política económica correcta y que permite crecimiento. O más estructurales, cuando hablamos de la duplicidad de administraciones que extienden el gasto hasta límites insospechados, o de la espiral de gasto que genera un estado del bienestar maduro como el europeo. Estos últimos son, desde mi punto de vista, los argumentos más importantes para ejercer un control de las cuentas públicas.  

         Hasta cierto punto, hablar de la necesidad de un equilibrio presupuestario es una perogrullada en los tiempos que corren. Por un lado, es la única política económica posible a corto plazo  (en las condiciones de España como potencia mediana y con su capacidad de financiación internacional completamente mermada). Por otro, es una herramienta económica que como todas ellas, muestra sus ventajas e inconvenientes: favorece la estabilidad macroeconómica a largo plazo, pero al mismo tiempo, tiene repercusiones negativas en la recuperación económica en el corto plazo. Hasta aquí, todos estarían de acuerdo, pero ¿tiene realmente sentido introducir esta medida en un texto constitucional?
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        En respuesta a esto, convendría ir señalando:

        1. La constitución hace referencia a leyes fundamentales, estructurales, que están ahí por su carácter permanente, "atemporal", inspirador. El equilibrio presupuestario es una herramienta económica más, cuya viabilidad o no depende de una coyuntura determinada. No entender esto así supone aceptar dogmáticamente una posición ideológica que, ni mucho menos, ha contado con la aceptación general de los economistas y que en términos pragmáticos a veces resulta inviable y contraproducente. Estas situaciones están recogidas, por ejemplo, en la constitución alemana, que señala la legitimidad del déficit estatal en situaciones de catástrofes o crisis económicas. Si en el fondo la aplicación del equilibrio presupuestario va a ser contingente y dependerá de las diferentes coyunturas económicas, ¿para qué plasmarlo en una constitución? ¿Quedará como una mera "inspiración" para los futuros gobiernos? ¿Pasará como los criterios de Maastrich, válidos para tiempos de bonanza pero inútiles en contextos de crisis de demanda?
       2. Una interpretación dogmática del equilibrio presupuestario podría entrar en oposición con otros derechos y reivindicaciones presentes en la constitución. Seguimos pensando que el gasto público está ocasionado por una mala gestión de un gobierno, cuando en una medida muy importante viene dado por caída de los ingresos y por ajustes automáticos de las leyes vigentes (por ejemplo, el gasto orientado hacia el seguro de desempleo o el aumento del gasto sanitario). En esos casos, ¿se podrán poner en entredicho esos derechos constitucionales traducidos en un estado del bienestar en nombre del equilibrio presupuestario?
       3. Una medida de este calado no se puede realizar por mero trámite parlamentario, aunque la ley contemple esa posibilidad. Precisa un referendum popular, especialmente cuando estamos asistiendo a una creciente movilización ciudadana que defiende una democracia mucho más participativa y es sensible a este tipo de medidas. No hacerlo será entendido por una parte de la ciudadanía como una nueva imposición de los mercados financieros a nuestro sistema político.

      Uno tiene la sensación de que existen otro tipo de pactos y consensos que permiten la aplicación del equilibrio presupuestario sin necesidad de ser traducido al texto constitucional. Los Pactos de la Moncloa fueron ejemplo de un compromiso económico entre todos los partidos cuando todavía la constitución se estaba fraguando. Más adelante, los criterios de convergencia de Maastrich asumían directamente el control del gasto público para aquellos países que desearan entrar en el euro. Un pacto de este tipo, duradero y consensuado, al mismo tiempo que asociado a una coyuntura determinada, sería el que permitiría una solución adecuada para el déficit público sin caer en estos dogmatismos tan del gusto de la ortodoxia económica neoliberal. Ortodoxia que, conviene no olvidarlo, fue la primera en 2008 en pedir el aumento del déficit público para la salvación del mercado financiero: nadie se acordó de los criterios de convergencia con la llegada de la crisis. Parece ser que esta escolástica, con todos los intereses económicos y lobbies que pueda tener a sus espaldas, es capaz de introducirse en nuestras leyes fundamentales como si de un virus se tratara, infectando a la célula entera.

TELEFÓNICA: ALGO NO VA BIEN

El empresariado: un príncipe convertido en rana que espera
el beso de  la princesa Estado para recobrar su encanto
(por cierto que esta pobre rana cacereña no tiene culpas en la metáfora).

        Hablemos de una idea que se fue fraguando desde los lejanos ochenta por la derecha ideológica y que hasta hoy se sigue vendiendo con éxito por tertulianos radiofónicos: la receta económica perfecta para la prosperidad es dejar terreno libre a los empresarios. El empresario aparte de ser sinónimo de innovación y riesgo, también lo es de creación de empleo y riqueza. Esto último se explica con la sencilla razón de que el empresario, en la búsqueda de su propio beneficio egoísta, también busca necesariamente el bien de su empresa, y la empresa la formamos todos, desde el ejecutivo que gestiona las más importantes órdenes hasta la limpiadora de la noche. Incluso si la fórmula no llega a cumplirse y el empresario acumula plusvalías inmensas a costa de sus pobres trabajadores, este error se enmienda con rapidez. Este mismo empresario que gana toneladas de dinero, lo va a gastar tarde o temprano, repartiendo su propia riqueza y haciendo caer las migajas sobre las clases más desfavorecidas de la población. Oh grandioso Dios del Mercado, que incluso moviéndote por el egoísmo humano, das pan a todos tus hijos, terminaría la oración liberal.

       Desde Thatcher y Reagan a los políticos actuales se ha pregonado esta idea sencilla y convincente hasta la saciedad, tanto a la izquierda como a la derecha. Rajoy, en una de sus escasas recomendaciones sobre economía, dejaba claro que lo que había que hacer era liberar trabas del estado y dejar que la sociedad civil empezara a crear empleo. Con "sociedad civil" es evidente que Rajoy vincula esa palabra eufemística al empresariado, menudo, mediano y monstruoso: los demás colectivos son irrelevantes o estorban, desde sindicatos hasta ONGs.
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      Y ahora, hete aquí que esta ecuación milagrosa se rompe, al menos en lo que al empresario monstruoso se refiere. La transnacional Telefónica, al tiempo que anuncia unos beneficios desorbitantes y un asombroso reparto de dividendos para estos años de vacas flacas, informa a su vez que va a reestructurar su plantilla y mandar al paro ni más ni a menos que una quinta parte de sus empleados en España. Sorpresa general, indignación del gobierno y acusaciones de inmoralidad sobre esta decisión.  ¿Qué es lo que ha pasado aquí para que la ecuación mágica haya dejado de funcionar? Sencillamente dos cosas: a) la empresa ha dejado de tener una base y mercado nacional y b) al ejecutivo y accionista que maneja la empresa le importa un comino el bienestar de sus empleados.

      Lo primero significa que apellidar a Telefónica como "española" es un fraude. Pudo ser española cuando era estatal o cuando su principal mercado estaba en nuestro propio país. Ahora se acoge a ese selecto grupo de empresas que trabajan sobre una red a escala mundial, que deslocalizan su producción y mercados y juegan con los países como peones sobre un tablero de ajedrez. España se ha convertido, por tanto, en un mercado más y no precisamente el más importante. En esta lógica fría es por tanto justo pedirle sacrificios a sus trabajadores cuando se trata de obtener el máximo rendimiento para seguir en la brecha mundial.  

     Y lo segundo cae de cajón: cuando los accionistas -muchos españoles- reciban primas y bonos por la tasa de beneficios obtenidas, no se les ocurrirá mirar en aras del interés de la empresa en general (de su capital en bolsa sí, pero no del grupo humano que hay detrás de esos números cambiantes). Quizás esto acabe siendo lo más inmoral del asunto, pero nadie les podrá echar nada en cara. El mercado borra toda sombra de culpas. Podrían haber esperado a hacer el recorte laboral para cuando la recuperación se apuntalara en el país, o incluso (en un idealismo ingenuo) podrían haber prescindido de parte de sus bonos y plusvalías, pero han decidido no hacerlo. El mercado financiero además les recompensará con su decisión: aumentarán ceros en los números de la compañía y en los de su propia cuenta bancaria, naturalmente. Con semejantes empresarios, uno se pregunta quién acabará creando empleo en este desgraciado país...

NO HAY CULPAS EN EL CAPITALISMO.

     Escuché atónito hace unos días la descripción que ofrecía el telediario sobre los ataques hacia la deuda española desde los parqués bursátiles del mundo: 

     "Existe un ataque directo e intencionado contra España y su economía?

     "No. Los gestores de fondos de inversión tan solo buscan los mercados con mayores tasas de beneficio y presionan para que dichos beneficios puedan ser más altos. Buscan emisiones de deuda con altas tasas de interés. Los ataques no son intencionados. 

         Conclusión: qué mala suerte tenemos los españoles y qué ajustes más duros tenemos que hacer para satisfacer la confianza de los inversores. Pero podemos también alcanzar otra conclusión: el sistema económico está dejando de funcionar. El ánimo de lucro de unos cuantos no está generando riqueza general, sino el empobrecimiento de todos los demás. Pero parece ser que nadie quiere tomar en serio esto. Demasiados problemas tenemos ya como para querer cambiar el sistema entero, dirán. Un tío inteligente del que no recuerdo su nombre lo expresó a la perfección: "los hombres somos tan poco imaginativos y críticos, que vemos más fácil que un meteorito se estrelle contra la tierra a que el sistema económico llegue a quebrar".  

ECUACIÓN DE LA CRISIS:

0 = L

Ahora que la Real Academia anda a la busca y captura de fantasmas lingüísticos y quiere desterrar de nuestro abecedario la "y griega" y convertirla en una patriótica "ye", convendría recordar la importancia de la letra "L" (ele) para nuestro día a día económico, que es el que finalmente importa. Todo economista en tiempos de crisis sueña con la letra "V". Y no porque nos traiga a la memoria el gesto de  Churchill en plena guerra contra los alemanes, sino porque la V viene a significar en economía la vuelta al crecimiento tras las vacas flacas. Pero no parece que nuestro país tenga todavía la suerte de expresar esa letra en sus diarios económicos. El último dato macroeconómico sobre el crecimiento del PIB del último trimestre no deja dudas: cero. Y esto viene a significar que la L desplaza a la V como hipótesis de futuro en nuestra difícil coyuntura. El símil es sencillo: tras una fuerte caída, la economía se estanca durante un tiempo muy prolongado, sin visos de grandes cambios a medio plazo. Es decir, todas las variables macroeconómicas acaban dibujando la letra L en las gráficas económicas.

"Países L" en la última década han sido Japón, Portugal o Italia. Japón, como gran potencia estancada, Portugal e Italia, como vecinos nuestros a los que peligrosamente podemos acompañar en el furgón de cola del crecimiento europeo. Naturalmente, el dato que hace dar escalofríos en este anodino panorama es nuestra tasa de desempleo: más del doble que la de nuestros "países L" más cercanos. Estábamos engañados: la crisis no estalló en el 2008. La auténtica crisis comienza ahora.      

R.I.P. POR EL ESTADO.

Estamos ante una paradoja: una crisis originada en el mal funcionamiento del sistema financiero capitalista se salda con el déscredito más absoluto del estado como gestor de la crisis.

Esta paradoja no deja de asombrarme por lo extendida que está. Con cualquier persona que hablo últimamente, no duda en señalar al estado del causante de la crisis. "La culpa es de Zapatero", es la muletilla general, "Nos ha arruinado", dice otro. "Un desastre", vocifera la mayoría. Por unas razones o por otras, este pobre desgraciado, un estadista mediocre que no está a las alturas de las circunstancias, y que posiblemente se siente atado de pies y manos para cualquier medida económica relevante, se convierte en nuestro chivo expiatorio nacional. Y a él le podemos añadir los nombres de Gordon Brown, Merkel, Sócrates y otros muchos de diferentes ideologías políticas y que posiblemente han hecho una gestión aceptable de la crisis. Ni si quiera para ellos se plantean el término algo más moderado de perpetuador o mal gestor de la crisis económica. La culpa de la crisis la tiene ahora el estado irlandés, español o griego por haber caído en un tenebroso déficil público que ensombrece ahora la recuperación del futuro. Es más fácil acusar a una persona o una institución tangible, que a los invisibles flujos especulativos de capital que circulan por Internet de bolsa en bolsa, o a las plusvalías inmorales de nuestro ex-boom inmobiliario. El impersonal y todopoderoso sistema económico se ha salvado, una vez más -y por ahora-, de su auténtica remodelación.    

Nubarrones sobre nuestra economía.

FALACIAS EN EL PENSIONAZO.

Nuevamente, hablamos de escurridizos temas económicos en esta página, y el autor cada vez se siente más inseguro recurriendo a ellos. Un vistazo a mis blogs favoritos y a algunas referencias más me conducen a hablar de la reforma de las pensiones. No voy a escribir aquí si estoy a favor o en contra (cada día me siento más inseguro ante esos dilemas), pero sí remarco lo que considero aquí que son errores de argumentación en todo este debate.

Existe un argumento muy serio, una fórmula básica, que empuja a una reforma de nuestras pensiones. En principio, nuestra tendencia demográfica tiende al envejecimiento y nuestra esperanza de vida tiende también a ser más larga. Esto implica, en un sistema de pensiones, que hay que pagar a más gente y por más tiempo, y que por lo tanto, el gasto tiende a ser bastante mayor. Algo hay que hacer al respecto para obtener más recursos y dentro de ello, la opción de elevar la jubilación a dos años más es relativamente comprensible.

Pero aquí entran los problemas, errores o extrapolaciones en este argumento.

a) En primer lugar, existe una proyección en el tiempo de una situación en el presente que no tiene que por qué darse. Proyectar una demografía en más de treinta años es algo ilusorio, como ocurrió ya en los noventa, y nadie se esperaba el impacto de la inmigración. En sentido inverso, se puede plantear que la población menor de cuarenta años estará en otras condiciones a las actuales cuando tenga sesenta y cinco y tal vez sea legítimo aplazar la jubilación.

b) En segundo lugar, hablamos de las variables demográficas para enjuciar las pensiones y suponemos que todas las demás variables que influyen en las mismas serán constantes e iguales a las del tiempo presente. No se estima el impacto que puede tener el aumento de la productividad, una bajada en el nivel de desempleo, el déficit del estado o la presión fiscal.

c) Parece que se ha querido tratar el problema de las pensiones no para solucionar un problema del futuro, sino para abordar los problemas del presente. Y aquí es donde juegan esa vieja teoría de las expectativas racionales. Afrontando reformas cuya realización parte de aquí a veinte años, se quiere vigorizar un estado sin crédito internacional alguno, y cuya emisión de deuda pública cada vez le resultará más cara si no intenta estas reformas.

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Prácticamente nadie plantea alternativas a la paulatina reducción y desparición de las pensiones públicas, para convertirlas en modelos mixtos o puramente privados. O quizás no interese hacerlo. En cualquier caso, hay herramientas para revertir el proceso: basta con que la clase política tenga el coraje de llevarlo a cabo.

Una vez que la varilla de incienso se enciende, nada puede apagarla. Se disfraza la teoría económíca de leyes y procesos inevitables y necesarios, cuando en el fondo es un producto de los hombres sometida a sus necesidades.

Una entrada del amigo Helí Ovalle: http://histoclio.blogspot.com/2010/03/el-verdadero-debate-economico-de.html

Un artículo ilustrador recomendado por Víctor Casco de Vicenç Navarro: http://www.rebelion.org/docs/101524.pdf

MARX EN WALL STREET, ADAM SMITH EN BARCELONA

Uno de los libros de filosofía política que más me marcaron en mi época de estudiante fue la obra de Michael Walzer Esferas de Justicia. Walzer venía a proponer que cada campo de acción humano (la esfera desde lo sentimental y lo afectivo, a lo político y lo económico...) tiene un conjunto de reglas normativas que delimitan su propio territorio y que complementan a los demás. La mayor injusticia, propone Walzer, proviene cuando uno de esos campos comienza a invadir el terreno normativo del otro y le dicta reglas ajenas al mismo. En nuestras sociedades, los dos riesgos fundamentales son la injerencia económica y política sobre el resto de esferas públicas y privadas de la sociedad. Y es útil leer a los grandes a la luz de esta sugerencia. Sobre todo Adam Smith y Karl Marx.

Decir que la intromisión del homo economicus sobre nuestras vidas es permanente, es algo conocido. "Poderoso caballero es don Dinero", cantaban ya en el siglo XVII. El Manifiesto Comunista de Marx abrió una profecía cumplida al pie de la letra de esta invasión, y es el texto más brillante escrito sobre la globalización. La burguesía, decía Marx en 1848, derribará tronos, papados y toda muralla china que se ponga por delante. Hasta los regímenes comunistas y los fundamentalismos caerán, y la socialdemocracia hoy es solo un muro tambaleante en una pequeña parte del mundo. Incluso los actuales suspiros por la resurrección de Keynes no son duraderos, en cuanto se restablece la confianza en el dios Mercado. De hecho, esta crisis económica es reflejo de los riesgos de cuando dejamos que esa esfera económica domine sin ningún límite al resto. El no hacer nada en economía política significa dejar de hacer mucho, y sobre todo, dejar hacer al mercado.

Pero la crítica a ese no hacer nada, y dejar que la esfera económica imponga su ley, no quiere decir que no existan interferencias defectuosas. La economía tiene sus propias reglas de juego, y también deben ser respetadas. Es difícil en este caso no dar la razón a las demandas de Adam Smith de recortar las intromisiones de un estado incompetente -la monarquía de los Hannover, movida por privilegios, monopolios privados y guerras coloniales- sobre la esfera económica. Agua pasada, tal vez, pero que de cuando en cuando nos trae sorpresas. Quizás Adam Smith no estuviera tan equivocado si se negara a conceder las generosas ayudas de los gobiernos occidentales a entidades bancarias y financieras corruptas de los dos últimos años. O se nacionalizan o se deja al libre mercado que dé cuentas de su ineficacia y las extinga. Pero no este arreglo que va a traer una repetición del desastre a medio plazo.

Y sobre estos temas, hace unos pocos días me preguntaba qué pensaría Adam Smith de la infracción de esas reglas en Cataluña, cuando se inculpaba a una serie de establecimientos del pequeño comercio por rotular y dar información en castellano. Podemos discutir sobre el uso o no del catalán o el castellano en el sector público, esfera privilegiada de la política. Pero trasladar esas obligaciones y demandas a la sociedad civil y a la esfera del mercado es una infracción clara de la libertad económica sin ninguna justificación. Uno se pregunta si producto de estas majaderías todos los productos culturales del exterior a Cataluña o España van a ser traducidos a nuestra lengua sagrada, si en lugar de Burguer King o Internet, habrá que hablar de Burguer Rei o Inter Red, o si en un hotel o en una universidad, ámbitos y espacios en realidad supranacionales solo podremos escuchar nuestras minúsculas y provincianas lenguas. Podían los políticos recortar los actuales excesos del mercado, dedicarse a las tareas realmente importantes de nuestra difícil coyuntura, en lugar de hacer estas piruetas vanas.

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EL ROMPECABEZAS ECONÓMICO.

Vamos a ver si me queda más o menos claro el rompecabezas económico. Si hay crisis, habrá más gasto (en un estado social) y menos ingresos, ocasionando un déficit. Si hay déficit, tendrá que haber formas adicionales de obtener dinero o de gastar menos: aumentar los impuestos (visión progresista sui generis) o reducir costes innecesarios (visión conservadora). Posiblemente las dos tengan razón. Y aquí viene ahora el rompecabezas: ¿qué consecuencias tienen estas medidas? Si suben los impuestos, se resentirá el consumo y el ahorro. Y sobre el déficit público, todos sabemos que es más fácil abrir el grifo que cerrarlo y que no todos los gastos son innecesarios. Hasta aquí, la explicación se resuelve en la mesa del economista, en sus complicadas mediciones algebraicas y sus frías estadísticas.

El problema es el de siempre: Detrás de los números, hay personas. Detrás de las personas, existen auténticas catástrofes vitales causadas por la crisis. La cuestión económica se convierte de repente en una cuestión ética: algo que de cuando en cuando algunos de los autores más importantes tienen que recordar, como Marx o Keynes. Y ahora, se levanta otra vez la cuestión ética: ¿Se pueden fomentar un aumento de impuestos de carácter progresivo, en el que los ricos paguen más? Desde un punto de vista ético se puede aludir a un criterio de solidaridad: creo que es evidente que en una comunidad de ciudadanos unidos por un estado nación común, los más ricos ayuden en cierta medida a los más pobres, sobre todo cuando la crisis ha dejado claro que ni uno ni otro se merecen del todo la situación en la que se encuentran. Pero una vez que hacemos ese lema moral claro, tenemos que hacer frente a las preguntas que nos puede hacer el acomodado en nuestro país:

a)¿Por qué tengo que pagar yo más impuestos o recibir menos ayudas?
b) ¿Dónde se va a ir mi dinero (típica pregunta republicana)?
c) Realmente, ¿va a ser algo positivo económicamente en un medio o largo plazo?

A la primera pregunta, no se nos ocurre responder con demagogia diciendo: porque tú eres el culpable de la crisis. Pero sí podría decir:porque tú eres el que está mejor posicionado para superar la crisis frente a un desempleado. Si nuestro amigo siguiera diciendo: "pero ese no es mi problema", el diálogo queda varado y estaremos golpeando nuestros argumento contra una roca.
La segunda pregunta es completamente lícita, pero siempre dependiendo de lo que entendamos por "gastar bien el dinero". No se puede entender que lo que pagues vaya a ser devuelto en forma de un bien público. Lo que sí que está claro es que el contribuyente tiene todo el derecho a exigir que el estado sea un buen gestor, deba ser transparente y dé razones poderosas de dónde destina ese dinero que en el fondo no es suyo.
Y por último, la tercera pregunta es importante pero algo engañosa, y dependiendo del factor del tiempo. Naturalmente, el problema del tiempo es una cuestión subjetiva: un parado se pregunta cómo va a afrontar económicamente el próximo mes. Un economista (posiblemente con su empleo más o menos asegurado) hará sus cálculos y expectativas en plazos de años. Está claro que la palabra "situación económica", tiene una interpretación bastante distinta entre unos y otros.

LA VISIÓN DE LA ECONOMÍA SEGÚN EINSTEIN

Entre los libros que tengo siempre en reserva para esos deliciosos y relajados momentos que supone la lectura en el cuarto de baño, me ha llegado uno hace poco del que voy a decir unas pocas palabras: Mi Visión del Mundo, de Albert Einstein. Sorprende este libro en primer lugar por su gran heterogeneidad: cientos de pequeños escritos refiriéndose a una gran diversidad de temas. Aparecen detalles sorprendentes que nos llevan a una visión muy personal del periodo de entreguerras en Europa y América. Aparte del interés que suscita la interpretación sobre la coyuntura histórica que vive el físico, sorprende cómo un científico tiene una extraordinaria capacidad para resolver en poco más de una o dos hojas cuestiones relativas a filosofía o economía con una lucidez y claridad que a veces se echa de menos en los especialistas de la materia.
En concreto, si parece que divaga cuando habla de pacifismo, al comentar la crisis de 1929 hace unas observaciones muy agudas y certeras, con una visión de futuro más amplia que la de muchos ministros de economía de los años treinta. Sobreproducción, caída del poder adquisitivo, falta de crédito, son todo causas que recalca Einstein y que suenan cotidianas en nuestros días. Sus notas, objetando tanto a liberales como a estatalistas, y conociendo más o menos bien las aportaciones de Keynes en su época, no tienen desperdicio.
A los primeros les critica la inacción: la incapacidad del mercado para absorber la mano de obra sobrante en los ciclos económicos. Las nuevas posibilidades, nos dice, no justifica que una parte de la sociedad quede fuera del juego económico, y curiosamente habla aquí de los jóvenes, ese grupo que ha quedado en paro en los años treinta. Para ello hace falta un estado que regule esos desajustes intrínsecos al capitalismo.
Pero al mismo tiempo, subraya él, falla en los defensores del estado una "cuestión psicológica": la incapacidad de la burocracia para ser eficiente y productiva. "El egoísmo y la competencia siguen siendo (por desgracia) fuerzas más poderosas que el altruismo y el sentido del deber", dice con lástima. Hace falta por tanto un estado regulador, pero no controlador en exceso y por tanto paralizante: esa fórmula mágica que ahora todos los países del mundo anhelan encontrar.