ELEGIR COLEGIO: ¿UN DERECHO DE LAS FAMILIAS?

     Una eterna polémica nunca resuelta del todo en el mundo educativo es hasta qué punto los padres pueden decidir por la educación de sus hijos, en torno al centro, las materias, el horario o la edad de escolarización. Cuando no se discute por la discrepancia de una asignatura, se debate por otra cosa. Una polémica de este tipo se presentó cuando el gobierno autonómico de Aguirre (que descanse políticamente en paz) decidió romper la distribución de los alumnos en colegios en función al distrito al que pertenezcan. Este modelo se ha extendido a Castellón y otras autonomías están estudiando la puesta en práctica de esta medida. Los argumentos que se han dado para este cambio consiste en dos puntos: a) se da más autonomía a los padres para planificar la educación de los hijos y b) se introduce en los centros educativos un modelo "de mercado", es decir, se abre la competencia entre distintos centros para ganarse el mayor número de alumnos.
     No sin razón se ha mencionado esta propuesta como "neoliberal". Sin embargo, tratar la educación bajo la perspectiva de una mera eficacia económica se da de bruces con sus pretensiones de igualdad y nivelación social. El sistema educativo es quizás el elemento estabilizador más importante que existe en nuestra sociedad: en la medida que permite cierta igualdad de oportunidades y una cultura del esfuerzo, los miembros de la clase baja y media tienen más posibilidades de alcanzar un éxito humano y profesional y el ascenso o mantenimiento de una posición social adecuada a las expectativas de los individuos. Renunciar a este principio es desmantelar el sistema educativo tal y como lo conocemos y llevar a la sociedad a una mayor polarización.

     ¿Qué libertad hay en la educación?
     Pero antes de abordar ese problema concreto, nuestro espíritu filosófico se revuelve. ¿Qué quiere decir "libertad" en educación? Primera evidencia no reconocida por todos: cualquier sistema educativo es por definición extremadamente autoritario. Que un iluso liberal que diga lo contrario implica que no sabe el significado de la palabra "educación". La enseñanza impone reglas, contenidos, disciplinas, horarios de trabajo a alumnos y padres que ellos nunca van a elegir. Además, desde que está en manos del estado y no en un ámbito privado, es un sistema burocratizado. Para obtener un mínimo de racionalidad organizativa, se sacrifican también decisiones personales y libertades. En nombre de un bienestar general y de unos costes razonables los integantes de ese sistema educativo reconocen que su libertad es sumamente limitada. Es más, garantizar un alto grado de libertad a estos niveles muy posiblemente supondría poner en peligro el espíritu igualitario de todo sistema educativo del último siglo. Si cada padre desease lo mejor para su hijo, muy posiblemente acabaríanis topándonos con los deseos y libertades de otro padre. Unos ganarían (los que posean más recursos) y otros perderían en ese combate desigual.

    En definitiva, el uso de la palabra "libertad" está viciado desde el principio. Lo que tenemos son distintos agentes educativos, que actúan de forma dictatorial sobre unos hijos que lógicamente no son autónomos y que precisan de esa autoridad para su desarrollo. Lo que sí nos podemos plantear es qué tipo de valores esconden familias, sociedad civil y estado como los tres agentes fundamentales que intervienen en la educación. 

La familia: libertad vs desigualdad.

       Las familias detentan la palabra "libertad" con más fuerza, y ciertamente, está recogida en la carta de los Derechos Humanos el derecho de las familias a la educación de sus hijos. Pero evidentemente, esto tiene un límite (aristotélico, si me permiten la palabra). La familia no es la única institución social existente, aunque sea la más básica. Las opciones educativas de la familia tienen que estar de acuedo con un ideario presente en cualquier sociedad democrática. Sin meternos en espinosas cuestiones multiculturales, y reduciendo el debate al dilema libertad/igualdad, las familias tenderán a actuar de forma egoísta (o mejor, autointeresada) en nombre de la libertad individual para tener más posibilidades educativas frente a otras familias, aunque sea de forma inconsciente (suena un poco a sociobiología, pero la perpetuación genética es la mejor explicación que encuentramos al carácter innatamente egoísta de la institución familiar frente al interés general del resto de la sociedad). Dejar total libertad a las familias en materia educativa supondría, indudablemente, un incremento en la desigualdad social.

Sociedad civil: pluralidad vs. grupos de interés.

       Como decíamos, siendo aristótelicos, la familia no es la única institución existente entre el ser humano. Se defiende un concepto de libertad muy propio de J.S.Mill y que luego hará suyo el multiculturalismo liberal. Una sociedad plural implica que hay que dar el máximo de garantías posibles para que esa pluralidad tenga voz y por tanto, los individuos tengan también garantías de elección en el más amplio espectro cultural posible. Es por esta razón que centros concertados y privados, ya sean laicos o religiosos, puedan disponer de un ideario de centro respetado desde los organismos educativos. Desde una perspectiva multicultural, esto ya sería una razón suficiente para su financiación. Sin embargo, también este valor se puede tergiversar fácilmente. Podemos estar encubriendo no solo idearios antidemocráticos, sino también a grupos de interés que acaban potenciando una mayor división social y económica.

Estado: igualdad de oportunidades vs. autoritarismo. 

      Por último, corresponde al estado nación tener la última palabra en materia educativa. Si en su nacimiento, esta significaba eminentemente colocar una identidad nacional basada en la lengua, la cultura y también la religión, progresivamente (y mucho más a partir de la transición) el estado se ha comprometido esencialmente por cubrir en el ámbito educativo la igualdad de oportunidades que plasma toda constitución occidental. La función del estado es preservar la libertad de los individuos en el sentido de poder otorgarles su máxima autonomía e independencia (una definición que podría firmar el republicanismo de P. Petit), pero no necesariamente otorgando la máxima libertad de elección a un colectivo siempre limitado de personas (el sector acomodado de la sociedad). Sin embargo, estas intenciones también pueden teñirse de sombras fácilmente. El estado puede adoctrinar en una ideología no consensuada, o sencillamente, fallar en su propuestas de igualdad y recortar las libertades individuales sin una contrapartida en igualdad. Este detalle se olvida fácilmente en los sectores progresistas, a los que basta decir la palabra "estado" para sentirse satisfechos. Nuestra perspectiva es que al estado hay que exigirle resultados en términos de igualdad o su labor se puede cuestionar de lleno y optar por la gestión privada con un control público de los fines de esa gestión.

         La libertad de elección de centro, una solución compleja.

     Centrándonos nuevamente en nuestra polémica inicial, podríamos afirmar que el problema está relativamente mal planteado. La libertad de elección es rechazada por los sectores más progresistas que critican a esta medida como una forma de crear ghettos y generar escuelas de primera y segunda clase. Si los padres decidieran por sí mismos, defienden, huirían de aquellos colegios e institutos problemáticos y se refugiarían en aquellos centros, públicos o concertados, de mayor prestigio. Esta crítica, que en teoría es real, presenta sin embargo dos objeciones en la práctica. En primer lugar, la inmensa mayoría de los padres se guían por un criterio de cercanía al colegio, aunque bien es cierto que aquellos más preocupados por la educación de sus hijos o con más medios, no toman este criterio como definitivo. Es decir: muy posiblemente las cosas no cambiarían demasiado con una modificación en la distribución por áreas del alumnado. En segundo lugar, el sistema vigente no garantiza la eliminación de escuelas de segunda o primera categoría, sino todo lo contrario. Estratifica la educación de acuerdo con la ubicación del centro escolar. Un centro en un barrio obrero tendrá inequivocamente menos posibilidades que un centro en un barrio de clase media. Y con esto también mencionamos un tópico que es preciso desarmar: el hecho de que el sistema educativo sea exclusivamente de gestión pública no conlleva por sí mismo a una mayor igualdad educativa. Existen centros de primera y segunda en el ámbito educativo precisamente por la distribución por áreas y no por su contrario.
       Por todo esto, la parcelación o creación de zonas del servicio educativo no debe justificarse por sí misma como una herramienta decisiva contra la desigualdad. Tendemos a pensar que una mayor libertad de elección no tiene por qué ser negativa en términos de igualdad de oportunidades, si concedemos más importancia a otros factores que deben acompañar a dicha desrregulación. Aquí seguiríamos el principio maximin de Rawls, según el cual las desigualdades (y por consiguiente una mayor libertad) son permitidas única y exclusivamente si mejoran las condiciones del grupo menos aventajado de la población. Por lo tanto, si deseamos garantizar un máximo de libertad para, digamos, las clases medias de nuestra sociedad, necesitamos asegurarnos también que los grupos menos favorecidos en educación (colectivos de inmigrantes y alumnos con discapacidades, fundamentalmente), encuentren un lugar óptimo para su desarrollo educativo.

Dentro de estos criterios que deben acompañar a la mayor libertad de elección de centro destacamos los siguientes:

        1. Los centros no pueden rechazar alumnos por razones académicas, culturales o del tipo que sean. Esto ha sido una práctica extendida en centros concertados, pero también común en muchos colegios e institutos públicos de prestigio. Los centros deben comprometerse a mantener unos niveles determinados de alumnos con necesidades educativas especiales, sean del tipo que sean. Estas discriminaciones causan más daño que la propia libertad de elección de centro.Resulta aberrante que un centro concertado pueda dar razones del tipo de intentar fomentar el máximo de homogeneidad entre sus alumnos, o que se escuden en su ideario de centro para rechazar acnees o inmigrantes de otras culturas y de difícil adaptación a nuestro entorno. Las autoridades educativas deben trabajar a fondo con estos grupos de riesgo de exclusión

          2. La movilidad y elección de centro debería ser un derecho que se pudiera aplicar a todos por igual, y no beneficiar casi exclusivamente a aquellos que disponen de una mayor renta económica y un mayor nivel cultural o educativo. El sistema de puntos que permite a las familias acceder o no a un centro educativo debería mantener los criterios vinculados con niveles de renta, familia numerosa, alumnos con necesidades especiales etc... para intentar equilibrar las crecientes desigualdades que podría provocar una elección de centro sin más criterio que el deseo de las familias que siempre es, lógicamente, autointeresado (busca lo mejor para sus hijos y se despreocupa de los demás). En definitiva, eliminar la puntuación por cercanía a la zona debería limitarse con puntos obtenidos por desigualdad social. De tal manera, los primeros que podrían beneficiarse de la libertad de centro sean los que menos posibilidades tengan de promoción social.

        3. Aquellos centros que tengan un alumnado más conflictivo, deben recibir recursos adecuados a las características sociales de dicho centro. La teoría liberal premia aquellos centros competitivos y con buenos resultados académicos, con más alumnos y por consiguiente con la continuidad y la disponibilidad de fondos, mientras que condena al olvido a los centros problemáticos por ser poco eficientes y dar escasos resultados académicos. Pero no podemos hacer un análisis meramente cuantitativo de la educación y basado en su producitividad. No todos los alumnos son iguales ni sus necesidades son las mismas. Es necesario, siguiendo el principio de diferencia de Rawls, que el fomento de la desigualdad que intrísecamente se deduce de una mayor libertad en educación, se contrarrestre con mayores ayudas a aquellos individuos situados en el escalón más bajo del sistema educativo.

      4. Igualmente el profesorado debe recibir incentivos ante estas situaciones educativas más complejas, y no ser castigado por el mero hecho de pertenecer a estos centros y no obtener la media de resultados escolares. Desanimando al profesor, desanimamos también a los alumnos indirectamente.  

      Estas medidas son algunas de las completamente necesarias si queremos promover una libertad de elección de centros, y no caer en exclusiones sociales. Al mismo tiempo que es necesario otorgar un mayor dinamismo a nuestros centros escolares (y cierta competitividad entre ellos), no tenemos que olvidar el fin último de un sistema educativo democrático, que es la integración social del alumno. Naturalmente, la combinación de la coerción de las instituciones educativas con una mayor libertad para las familias nunca será fácil, pero es preciso no caer en clichés ideológicos y estar abiertos a un mayor pragmatismo en la resolución de este problema.