"SON LOS POLÍTICOS, ESTÚPIDO, Y NO EL ESTADO": EL PROBLEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL

       No es algo nuevo en nuestra historia. En los últimos meses asistimos a una enconada lucha dialéctica sobre el modelo de estado que nuestro desdichado país debe poner en práctica. En el punto de mira, las autonomías. Estas autonomías, se nos dice machaconamente desde el frente nacionalista, han cumplido su función histórica, y es hora de caminar decididamente hacia el federalismo o la autodeterminación. Del otro lado se nos dice que el estado de las autonomías es una experiencia fracasada, pero por el motivo opuesto: el despilfarro nos ha conducido a una auténtica quiebra económica, y es preciso devolver las competencias delegadas en su día por el estado central a la espera de una mejor gestión de las mismas. La crisis económica remueve las entrañas del estado sin saber a ciencia cierta si este problema se va a solucionar algo cambiando la estructura territorial del mismo.

       Pocos sin embargo inciden en que el problema en España no es la división administrativa del estado ni la aplicación de procesos de mayor o menor descentralización, desembocando en la "solución definitiva" de la independencia o el federalismo. El problema no han sido las autonomías, sino los gestores políticos de las mismas, y naturalmente la propia identidad histórica española. Sobre lo segundo no hablaremos hoy, y sí sobre ese debate más técnico de la gestión política. Decir que las autonomías funcionan peor que un estado centralizado per se es algo estúpido y tiene que ser probado. E igualmente, pensar que la independencia es la llave para solucionar la mala gestión de la crisis es algo igual de descabellado (es más, podríamos decir que la llamada a la autodeterminación es un último ejemplo de una mala gestión de la crisis por las autonomías).

      Pensemos que si la centralización es sinónimo de mayor eficacia, un  país como Italia sería más eficiente que Suiza, y de ninguna manera es así. Bajo esta interpretación, Suiza, con su tradicional división cantonal sería un caos organizativo y despilfarrador. Italia, a pesar de su división regional, está más centralizada que los estados federales o autonómicos del tipo de Alemania o España, sería un ejemplo a seguir y sin embargo figura como uno de los países más corruptos de toda Europa. Por poner un último ejemplo, si España mantenía en la última década un 56% del presupuesto en manos del gobierno central, Alemania estaría cerca con un 63%, repartiendo el resto entre landers y municipios. Países como Suiza o Dinamarca, por distintas descentralizaciones -municipal o cantonal-, contarían con menos del 50% del presupuesto nacional en manos del estado central (1). Es decir, son numerosos los países que cuentan con una administración sumamente descentralizada entre municipios, regiones y el gobierno federal o estatal, y que sin embargo, son sumamente exitosos en la gestión de sus recursos. Queda preguntarnos, qué es lo que ha pasado en nuestro país.

        El secuestro de la democracia en el sistema autonómico.

 Camps, el fracaso de un país y una sociedad entera.

        Con este título, cuatro académicos hablan de la crisis de nuestro sistema democrático, y no es casualidad que como caso práctico hayan escogido la gestión de la comunidad valenciana desde que el PP se ha hecho con el poder allí. Son las autonomías, y no el estado central, el auténtico enfermo político de este país. Nuestra democracia se desarrolla a varios niveles administrativos: el europeo, el estatal, el autonómico y el municipal. Si tuviésemos que evaluar  con una nota la salud democrática en cada una de estas administraciones, el estado autonómico quedaría en un ultimísimo lugar. Los gobernantes estatales han demostrado estar a la altura en sus responsabilidades, hayan estado o no acertados en su gestión. Los gobernantes autonómicos, en cambio, han sido estáticos, inamovibles en sus políticas, y sorprendentemente similares en su gestión, con independencia de la ideología de partido en el poder. La alternancia del poder es mucho menor en las comunidades autonómicas que en gobierno central. Andalucía, Castilla y León o Extremadura apenas han tenido alternancia desde su creación. En Andalucía gobierna la izquierda desde las primeras elecciones autonómicas en 1982, en Extremadura el PSOE se mantuvo en el poder durante más de 25 años, la mayor parte de ellos con holgadas mayorías absolutas; en el caso de la Comunidad Valenciana, la gestión del PP ya es de más de quince años. Más aún, el mapa electoral de la II República, remontándonos al año 1932, nos da una geografía similar a la actual: Castilla y León como un granero de votos conservador frente a Andalucía como reserva de votos de la izquierda.  El electorado español, por otro lado, sigue culpando de los errores políticos al gobierno central, y tiende a ser mucho más benévolo con el gobierno autonómico cuando representa la oposición al poder. Las elecciones autonómicas se siguen entendiendo como votos de castigo al gobierno central, y no como un regulador de la gestión autonómica propiamente dicha.  

        Podría pensarse que esto es normal en cualquier país, pero el problema es que ningún país de nuestro entorno como el nuestro tiene un sistema de distribución de recursos orientado tanto hacia la administración autonómica. El problema no es el mayor número de competencias para hablar de un mayor o menor federalismo, sino de los recursos que mantienen estas autonomías. Si los landers alemanes manejan un 22% del presupuesto estatal global, en España las autonomías manejan más de un 30%.  La consecuencia teórica de todo esto es la siguiente: el estado autonómico maneja un tercio de los recursos del conjunto del estado en nuestro país, y lo hace en manos de unas élites políticas que han estado lejos de reciclarse lo suficiente como para no caer en complejas relaciones de poder, clientelismo y una visión patrimonial del bien público. En palabras más llanas: las administraciones autonómicas son más corruptas y más ineficaces en la gestión del gasto que el gobierno central si aceptamos la fórmula de I = R + IP (recursos + inmovilismo político). Habrá más ineficacia cuanto más recursos dispongamos y menos competencia y movilidad política exista.
        Sin embargo, esto puede darse en cualquier tipo de administración. El origen de la tremenda sensación de ineficacia en la gestión autonómica habría que buscarla en otras variables económicas o sociales. Quizás esta ecuación no habría tenido los efectos devastadores que sufrimos hoy en día, de no haberse dado una coyuntura económica extremadamente favorable para la expansión de prácticas corruptas. La burbuja inmobiliaria fue el último ingrediente de la tormenta perfecta. Puso en manos del estado autonómico y municipal un poder demasiado goloso como para no intentar sacar tajada del mismo. Creación de grandes proyectos, concesiones de obras, especulación con terrenos, planes urbanísticos ambiciosos y un largo etcétera permitieron grandes ingresos anormales a las autonomías (legales eilegales) , que fueron destinados a una inversión improductiva: el mantenimiento de los gobiernos en el poder y el lucro político personal. No resultaría grotesco decir que las prácticas mafiosas más extendidas en España han nacido dentro del estado, y no fuera del mismo, y merced a la expansión inmobiliaria. Los autores del libro El secuestro de la democracia, analizando el caso valenciano, lo entienden de esta forma: 

"Para ello (el control político) resultó esencial organizar el secuestro de la democracia creando una trama delictiva destinada a recaudar ingentes sumas de dinero para el partido a cambio de concesiones públicas (que no excluye el enriquecimiento personal) y a la vez, utilizar recursos públicos para generar una clientela amplia y fiel mediante métodos que se inscriben en variantes "modernas" de patronazgo de partido."  (2)
      
      Es decir, cuanto mayor fuese el proyecto de construcción (por irracional que fuese), mayor iba a ser la partida garantizada por todo el sector de la construcción hacia esa clase política. Había demasiado interés en impulsar obras costosas para obtener comisiones de todo tipo e impulsar el control político de la sociedad.
        Tal vez los autores pasen de largo del hecho de la incapacidad de la oposición para generar una alternativa política coherente y atractiva para el electorado valenciano, pero evidentemente el dinero obtenido permitió engrasar los resortes del poder autónomico. Estos fueron usados masivamente para dinamitar cualquier proceso de regeneración democrática y mantener esta  permanente atonía política. Esto provocó un regreso a relaciones de clientelazgo y votos cautivos que acercarían nuestras democracias autonómicas a los sistemas caciquiles de la Restauración o del populismo americano. Las verdaderas poliarquías con una competencia por el poder mínimamente abierta entre diferentes partidos resultarían irreales en nuestras autonomías.
       Volviendo al caso analizado en la obra citada, resulta llamativo que la Comunidad Valenciana, con unos índices sociales y macroeconómicos desastrosos (la comunidad más endeudada en términos relativos, niveles de desempleo elevados, conviviendo con elevadísimas tasas de fracaso educativo y un sistema sanitario muy ineficiente), el partido en el poder haya mantenido sin demasiado desgaste el control sobre la situación. El éxito en el control de los medios de comunicación, la sociedad civil, y la creación de una identidad colectiva en torno a las grandes obras de construcción o de fiestas populares permitieron enmendar cualquier error en la gestión económica. Esta identidad se construyó atravesando todas las clases sociales, en la que los problemas económicos siempre eran culpa del gobierno central y nunca del autonómico, preocupado por defender "lo nuestro". Los problemas del mantenimiento del estado del bienestar eran cuestiones administrativas, errores individuales o nuevamente problemas del estado central, y no decisiones políticas tomadas por la comunidad autónoma. En definitiva, son más visibles una Ciudad de las Ciencias o un aeropuerto en Castellón que cualquier error más técnico como el fracaso educativo o la relación de camas y pacientes en los hospitales valencianos. 

        Soluciones para recuperar la salud democrática a las autonomías.


Rodríguez Ibarra: 24 años en el poder gracias al populismo.

      Podríamos preguntarnos cómo un sistema populista como este puede funcionar a la perfección en un mundo cada vez más globalizado. Las explicaciones anteriores suenan demasiado maquiavélicas y perfectas para que puedan funcionar en una sociedad tan mudable y cambiante de opinión. Indudablemente funcionó y sigue funcionando en parte por la atonía de la sociedad. El electorado ha sido culpable de este fracaso político, cuando nunca se ha preocupado de la gestión política de su entorno más próximo, y su voto ha estado comprado por prácticas populistas que pueden extenderse a cualquier comunidad autónoma, independientemente del partido en el poder. Los casos de corrupción afectan muy poco al electorado español, mientras que en otros países pueden suponer el fracaso de un proyecto político entero. Nuestra tolerancia a la corrupción es enorme, precisamente porque consideramos que es una lacra que está en todos los partidos y que no puede hacerse nada para eliminarla. El votante de derechas verá con alivio el caso de los ERE en Andalucía o las tradicionales irregularidades del PER en Extremadura, mientras que el votante de izquierdas respirará tranquilo con un libro como El secuestro de la democracia, que elude mencionar en profundidad ni una sola querella judicial de la izquierda por cuestiones de corrupción. Mal de muchos consuelo de tontos, como suele decirse.
      Muy posiblemente no volveremos a tener una coyuntura histórica en la que el poder autonómico vuelva a tener la capacidad de  maniobra que ha tenido en estos últimos tiempos. La burbuja económica en el que se combinó crédito fácil, expansión inmobiliaria y cuantiosas ayudas europeas, no volverá a repetirse en las próximas décadas y sin esos acicates la capacidad de actuación del poder político autonómico se resentirá. Las trabas macroeconómicas que se irán poniendo (un techo de gasto, auditorías regulares del gobierno central etc...) reducirán los disparates de las dos últimas décadas. Sin embargo serán medidas que muy posiblemente serán más efectivas o menos dependiendo de los partidos que presidan el gobierno central y el autonómico. Hay que ser consciente que la política sigue siendo poder, y las medidas meramente económicas no serán suficientes para una auténtica regeneración democrática. Tampoco valen recortes draconianos (nuevamente populistas) si no hay cambios en la legislación más profundos. Por poner un ejemplo: de qué nos vale que una comunidad autónoma prescinda de sus coches oficiales, si no nos aseguran que en otro momento más holgado económicamente pueden volver a cometer el mismo error.  
     Sin pensar demasiado, hay medidas urgentes que podrían estudiarse detenidamente para ponerse en práctica, como las siguientes:

     - Cambios en la ley electoral (basada en la ley D´Hont), que garantice una mayor competencia entre partidos políticos y acabe con los monopolios del bipartidismo. El bipartidismo ha dado estabilidad en el poder, pero a cambio de una osificación de la política.
     - Límites en la permanencia en el poder autonómico y municipal. Los candidatos deberían tener una permanencia en el cargo de ocho años, y comprometerse a una renovación de todos los altos cargos políticos tras ese período.
     - Las listas abiertas. Esto permitiría penalizar a algunos cargos políticos por su incompentencia, implicación en casos de corrupción  etc...
     - Resortes para evitar abusos durante la permanencia en los cargos públicos. Resortes que pueden ser similares a la última enmienda a la Constitución americana aprobada en 1992, por ejemplo.

       No tenemos duda que estas medidas no son utópicas ni reclaman una transformación revolucionaria del estado, como muchos de sus atacantes parecen proclamar. Sin embargo, los partidos políticos mayoritarios no parecen estar muy de acuerdo con ellas. En definitiva, la gestión de la crisis ha sido suya, con la pasividad del electorado que en tiempos de bonanza no alcanzaba a reconocer la pesada sombra que se estaba gestando para esta larga crisis económica. Como mencionamos al empezar este largo post, nuestra crisis tiene poco que ver con las autonomías y la administración territorial del estado, y sí mucho con los políticos que las han regido desde su mismo origen. Las autonomías han venido demasiado grandes para un electorado que todavía está anclado en el centralismo del siglo XX.

(1) VALLÉS, J.M., Ciencia política, una introducción, Madrid 2008   
(2) PIQUERAS, J.M., MARTÍNEZ, F., LAGUNA A., ALAMINOS, A., El secuestro de la democracia, Akal, Madrid, 2011